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Introducción

En este trabajo proponemos llevar a cabo una aproximación etnográfica a la materialización de las arenas de la conservación en la Reserva Provincial Acambuco, ubicada en el Norte de la Provincia de Salta.

Acambuco es una reserva forestal y semillero a perpetuidad que cuenta con población preexistente y que posee la particularidad de haber sido creada en un espacio de fronteras estatales, con baja conectividad y una significativa explotación gasífera. Constituye un interesante caso de estudio para la antropología de la conservación porque presenta superposiciones conflictivas en el uso del territorio y nuevas formas de valorización territorial que involucran discursos desarrollistas y procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2004a) en condiciones de capitalismo flexible (Harvey, 1998).

Por esta razón, problematizaremos un conjunto de transformaciones que se han producido como resultado de los procesos de privatización de la actividad hidrocarburífera y la aplicación de políticas conservacionistas.

Si bien la Reserva existe desde 1979 no se implementaron medidas proteccionistas en el área hasta el año 2001 cuando la empresa petrolera Pan American Energy planificó la realización de estudios prospectivos en el área. Esto condujo a la creación de un fideicomiso para el “desarrollo sostenible” de la reserva como compensación al alto impacto ambiental de las actividades exploratorias.

A partir de la creación del fondo fiduciario “Acambuco” se implementaron una serie de políticas de intervención por parte de la autoridad de aplicación, iniciándose un proceso de relaciones conflictivas y negociaciones entre la población local, los gestores de la conservación y la empresa que visibilizó múltiples concepciones sobre la naturaleza, el territorio y la existencia. En este sentido, nos interesa historizar y analizar las tensiones entre los actores con respecto a distintos esquemas clasificatorios, acceso a los recursos y usos del espacio.

En cuanto a aspectos metodológicos, se realizó una aproximación etnográfica a través de un enfoque que privilegió el punto de vista de los actores y las dimensiones no documentadas de la vida cotidiana. Se realizó trabajo de campo en distintos momentos del proceso de consolidación de la gestión conservacionista como así también de ingreso de la empresa Pan American Energy. Las técnicas desplegadas incluyeron observación participante, entrevistas no dirigidas y codificaciones abiertas y focalizadas.

Aspectos teóricos

Conservación

Desde la perspectiva antropológica, la conservación se considera un fenómeno de la Modernidad que emergió en “contracorriente” al crecimiento ilimitado (Ferrero y Arach, 2021a) y se entiende como un proceso de territorialización y gentrificación del medio ambiente (Vaccaro, Beltran y Paquet, 2012).

Para Ferrero (2018) “la conservación se presenta como un proceso político y social por el cual se manejan los recursos naturales para mantener procesos ecológicos” (p.22). Desde esta perspectiva, que intenta alejarse de miradas tecnocientíficas y de considerar a las áreas protegidas como un fin en sí mismo, el proceso va más allá de los límites de las áreas protegidas e involucra aspectos territoriales más amplios. En este sentido, Ferrero y Arach (2021b) definen a éstas “como dispositivos estatales para la organización del territorio” (p.9) y proponen que, para su análisis, es necesario considerar las luchas y alianzas que generan las comunidades locales.

Alcorn define a la conservación como un “proceso social y político destinado a mantener la diversidad biológica” (en Desmet, 2014:19), mientras que Desmet (2014) amplía el objeto de protección, considerándola como un “proceso cultural y político de conservar la naturaleza” (p.19). Para la autora, la conservación es culturalmente producida e intercedida, en tanto sea desarrollada desde determinadas perspectivas sobre la relación naturaleza y cultura. Así también, considera que la conservación es fundamentalmente política porque supone la toma de decisiones sobre recursos limitados, implicando formas de autoridad legítima y conocimientos que fundamentan decisiones, prácticas y ejercicios de poder.

Gil Farrero (2020), por su parte, va a plantear que los espacios protegidos son una refracción de valores y representaciones culturales de la sociedad que preserva determinados elementos, de este modo, los objetivos, la gestión de espacios y especies, la legislación y los agentes involucrados constituirán una fotografía tangible de una forma de percepción y una visión. Asimismo, al igual que los autores citados, considera que la protección de espacios naturales es un proceso complejo que involucra un problema mayor relacionado a representaciones sobre la naturaleza, la utilización de los recursos, la gestión de éstos y los actores implicados.

Arenas políticas y conflicto en áreas protegidas

Ferrero (2013) considera que el conservacionismo es una arena de acción política producida en múltiples niveles y momentos. Dicho enfoque multinivel y trasnacional, permite relacionar procesos globales con materializaciones particulares e implica el reconocimiento de diversos actores que, con desigual poder, actúan a través del establecimiento de relaciones de tensión y resistencia en procesos de gestión de la naturaleza y los territorios que involucran prácticas, ideas, instituciones y políticas. El autor define a la arena política como un “espacio social en que tienen lugar conflictos y acuerdos, convenios y relaciones que emergen en interacciones institucionales e interpersonales” (Ferrero, 2018:102).

Es así que en las interacciones producidas en las arenas políticas locales se delimitan las relaciones entre áreas protegidas y las poblaciones locales (Ferrero, 2018). Esta perspectiva incorpora la historia del conservacionismo y en los estudios etnográficos se considera que las relaciones entre comunidades y áreas protegidas son, en términos generales, de naturaleza conflictiva.

Desde el sentido común estos eventos se encaran como circunstancias excepcionales y externas a las formas de gestión. En contraposición, Ferrero y Arach (2021c) proponen que los antagonismos en áreas protegidas poseen características productivas y son inherentes a los procesos de conservación. Vale decir que éstos no constituyen obstáculos a la administración, sino que forman parte de ella.

A partir de reconocer este carácter productivo de los conflictos en áreas protegidas, los autores van a plantear tres tipos de conflictos debido a problemas territoriales (Ferrero y Arach, 2021b):

1) De problemas residenciales: implican desalojos y desplazamientos.

2) De acceso a los recursos dentro del área: caza y recolección, uso de sectores específicos del área, áreas de tránsito, incendios, etc.

3) De competencia: involucra población del entorno de las áreas y suponen atentados a las áreas protegidas y desafíos a la autoridad de los guardaparques.

De manera tangencial y desde un análisis de las arenas de la conservación que vaya más allá de los límites de los espacios protegidos, Ferrero y Arach (2021b) van a considerar conflictos resultado de procesos de acumulación por desposesión y de formas de extractivismo característicos de modelos capitalistas neoliberales y neodesarrollistas.

Asimismo, Gil Farrero (2020) va a proponer la necesidad de tener en cuenta tres grandes cuestiones en torno a las disputas en áreas protegidas: las ideas sobre la naturaleza, el uso de los recursos y la forma de gestión. Puesto que la protección de la naturaleza es un proceso complejo que involucra tanto a las cuestiones planteadas como a una serie de actores con diferentes intereses; poder de decisión; formas de gestionar; usos y visiones sobre la naturaleza, el autor propone que, en estas diferencias es donde se encuentra el origen de las desavenencias ambientales. Así, siguiendo a Armiero quien propone que a través de la lente de las disputas podemos comprender mejor al medio ambiente, va a plantear que el conflicto posibilita la emergencia de dimensiones ecológicas vinculadas a configuraciones sociales y relaciones de poder que ameritan una contextualización histórica y su vinculación con procesos más amplios, ya sea de nivel regional, nacional o internacional. Al mismo tiempo, va exponer distintos casos de conflicto:

1. Por los recursos naturales: contraposiciones sobre recursos y servicios ambientales, caracterizados por un escenario de competencia entre diferentes agentes con posibilidades políticas y posiciones desiguales.

2. Por una desigual distribución de los costes ambientales o exposición a riesgos ambientales.

3. Sobre el régimen de propiedad.

4. Por el sistema de tomas de decisiones.

Con respecto a los problemas ambientales, recuperamos a Azuela y Mussetta (2009) quienes afirman que éstos no se presentan en estado puro, sino que hay algo más que allí está en juego en éstos. Es por ello que, se hace necesario abordar las relaciones entre aspectos ambientales y no ambientales y adoptar la premisa que plantea que el conflicto es inherente a lo social, posee un carácter productivo y es constitutivo de las relaciones sociales. El conflicto ambiental, pues, no debería entenderse como una disfunción que debiera ser intervenida para llegar a ser resuelta puesto que, al perseguir ese objetivo, se perderían aspectos fundamentales del fenómeno.

Siguiendo esta línea, Castro y Arqueros (2018) afirman que, al igual que en América Latina, en Argentina los problemas ambientales se han expandido en el nuevo milenio a causa de procesos y políticas neoliberales que ampliaron apropiaciones, desplazamientos, desposesiones y transformaciones espaciales. Este panorama se vincula a la visibilización ampliada de peligros y condiciones ambientales, así como a la producción de instrumentos legales y la emergencia de formas organizativas y de acción colectiva que enarbolan argumentaciones que aluden a determinados sentidos de lo territorial como elemento constitutivo del conflicto ambiental, a saber:

1. Como “espacio de vida” (2018:58): tramas horizontales, tejidos y cuadros de vida, de prácticas solidarias y relaciones personales que manifiestan formas específicas de relación con la naturaleza, implicando fuertes vínculos identitarios y sentidos de pertenencia;

2. “Territorialidades antagónicas” (2018:61): luchas entre dos lógicas territoriales, espacios de vida vs. espacio económico, que manifiestan formas incompatibles de apropiación de la naturaleza y que producen determinados discursos, representaciones y materialidades;

3. “Territorios-red y multiescalaridad” (2018:65): conflictos anclados en espacios bajo predominio municipal, provincial o nacional, que conectan redes y procesos transnacionales e implican una diversidad de actores. La dinámica multiescalar supone una nueva manera de entender los espacios a través de horizontalidades (lugares contiguos y continuidad) y verticalidades (territorios en red con funcionalidades diferentes, divergentes y opuestas);

4. “Territorios estratégicos” (2018:69): sitios de protesta que constituyen una geografía particular a través de la acción colectiva con el fin de visibilizar el conflicto. En estos procesos se ocupa el espacio público para ubicar el problema en la arena pública.

Acumulación flexible y acumulación por desposesión

A modo de hipótesis, Harvey (1998) sostiene que, a partir de la década de 1970, se ha producido una profunda modificación de las prácticas culturales y económicas. En relación a los aspectos culturales se hablará de la emergencia de la posmodernidad, mientras que, en los niveles económicos, del desplazamiento de un capitalismo fordista a un capitalismo flexible. Estos fenómenos tendrán importantes consecuencias espaciales y temporales manifestadas en el concepto de compresión espacio-temporal. Se transformarán, entonces, prácticas materiales, aspectos objetivos y también significaciones sobre el espacio y el tiempo. El autor utiliza las metáforas de la “aldea global” y la “tierra astronave” (1998:228) para expresar como la reducción del espacio y el tiempo ha generado importantes dependencias mundiales en los aspectos económicos y ecológicos.

Esta compresión espacio-temporal producida por una reorganización de la forma de acumulación resultado de crisis de hiperacumulación y contradicciones del sistema capitalista posee interesantes transformaciones en los regímenes de trabajo, organización empresarial y estatal, producción de conocimiento, estilos de consumo y distribuciones geopolíticas (Harvey, 1998).

La transición entre el fordismo y el capitalismo flexible se justifica por problemas vinculados a caídas de productividad y rentabilidad así como por la incapacidad para contener contradicciones del primero. Sobre todo, se entiende al fordismo como un sistema rígido en aspectos productivos, organizacionales, estatales y sindicales. En este sentido, el paso a una acumulación flexible se verá reflejada en altos niveles de desempleo, caída del poder sindical, modificación de jornadas laborales y condiciones de contratación y subcontratación como así también del desplazamiento de grandes multinacionales a áreas poco desarrolladas y con posibilidades adecuadas para la precarización de las relaciones laborales. Ello implicará la emergencia de formas concentradas de empleo hiperespecializado con flexibilidad residencial y acceso a beneficios sociales.

Harvey (2004) propone, pues, una hipótesis auxiliar a la que plantea la transición fordismo-capitalismo flexible desde la que advierte sobre la emergencia de una forma de imperialismo sostenido sobre los mecanismos de la acumulación originaria marxiana. Así es que, si en la “Condición de la Posmodernidad” (1998) afirmó que el capitalismo tardío se caracterizó por profundas transformaciones en las formas de acumulación; en el “Nuevo Imperialismo” (2004) acuña el concepto de acumulación por desposesión para dar cuenta de los mecanismos de expropiación, saqueo de los recursos naturales y ejercicio de la violencia legítima del Estado en el Capitalismo Contemporáneo.

En este sentido, dicho concepto se vuelve una herramienta fundamental para comprender políticamente el proceso de expolio de los derechos de las personas de disponer de sus recursos naturales. El robo, saqueo y despojo de los derechos que implica el control de suministros de recursos ya no se realiza a través de ocupaciones coloniales –aunque con excepciones– sino a través del poder económico y la acción de los organismos internacionales (Harvey, 2006). Sin embargo, es preciso destacar que esta voluntad de control global no deja de encontrarse con procesos y movimientos de resistencia que en la actualidad se presentan de manera fragmentaria, constituyendo esbozos promisorios.

Caracterización del Área de Estudio

La reserva de Acambuco se encuentra ubicada en la provincia de Salta, en el departamento Gral. José de San Martín, situado al norte de dicha provincia. El área estudiada se encuentra bajo la jurisdicción del municipio de Aguaray, limitando al Norte con el Municipio de Salvador Mazza y parte de la República de Bolivia; al sur con los municipios del Departamento de Rivadavia Banda Norte; y al Oeste, con el Río Itaú. Se ingresa por la ruta nacional 34, a la altura de Piquirenda Viejo, para luego recorrer 50 km por la ruta provincial 56 hasta llegar al valle de Acambuco.

El área protegida se encuentra ubicada en la región fitogeográfica de las Yungas. Protege una muestra de selva pedemontana que incluye especies forestales como el cedro (Cedrela balansae), roble (Amburana cearensis), cebil (anadenanthera colubrina), urundel (Loxopterygium grisebachii), lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus), tipa (Pterogyne nitens), palo amarillo (Phyllostilon Rhamnoides), lanza blanca (Patagonula americana), afata (Cordia tricótoma) y palo blanco (Calycophyllum multiflorum). Asimismo, incluye especies de gran valor de conservación como el yaguareté (Panthera onca), guacamayo verde (Ara militaris), oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y tapir (Tapirus terrestres).

Poblaciones

Dentro de la Reserva se encuentran dos parajes: El Chorrito (55 familias) y Acambuco (88 familias). La población asentada a lo largo del Valle de Acambuco está compuesta por población criolla, indígena guaraní y migrantes bolivianos, cuyas actividades económicas están vinculadas a la producción de maíz a través de la agricultura de roza (tala y quema), a la ganadería (vacuno, equino, porcino, caprino y ovino), a la cría de aves de granja y el cultivo de hortalizas. Asimismo, se perciben ingresos provenientes de empleos (docencia, salud, conservación) y subsidios estatales.

Dentro de los lotes anexados N°1703 y N°1704 se ubican los siguientes parajes: Bajo Macueta, Cuña Muerta, Colodro, Batallanos y Cañitas. Fuera de la Reserva y muy próximo a Macueta, a metros de la frontera con Bolivia, se encuentra Campo Largo. Tanto Macueta como Campo Largo presentan población guaraní.

El proceso de constitución de las arenas de la conservación en Acambuco

Arenas burocráticas-legales

En el año 1953, a través del Decreto provincial N°5959, se declaró Reserva Forestal a los sectores boscosos de las parcelas 36 y 40 del Departamento San Martín. Sin embargo, en 1959, el decreto provincial N°6794 dejó sin efecto el carácter de reserva forestal a dichos lotes, disponiéndolos para aprovechamiento forestal. En el mismo decreto, se trasladó la categoría de Reserva Forestal a la fracción 63 del Lote Fiscal N°3 y al Lote Fiscal N°8 del Departamento San Martín. Éste constituyó el primer caso de la Provincia de Salta relativo a la desafectación de una categoría de protección.

En 1979, los lotes 36 y 40 (8266 ha.), por ley provincial N°5360 pasaron a constituir la Reserva forestal de flora y fauna y semillero a perpetuidad de Acambuco. Sin embargo, este espacio protegido tuvo sólo una existencia nominal: no hubo acciones por parte de los organismos del Estado referidos a una política ambiental debido a la ausencia de legislación complementaria y de asignación de recursos para administrar la reserva.

Con la desafectación y venta de los lotes fiscales 32 y 33 de General Pizarro, a través de la ley provincial N°7274, se anexaron a manera de compensación una serie de matrículas colindantes a la reserva de Acambuco denominadas “Lotes anexos”, constituyendo una reserva de usos múltiples1. En total, incluyendo la reserva de Acambuco, suman 25031 ha.

En el año 2014 se aprobó el Plan de Manejo y Desarrollo de un Área de Gestión Integral Serranías de Tartagal (AGTI) que incluye las reservas mencionadas y abarca 207.030 ha aproximadamente.

En lo que respecta a la dimensión legal e institucional de las arenas es interesante destacar la existencia nominal de la reserva en las dos instancias de creación. Así como también, es necesario considerar que esta área estuvo involucrada en dos instancias de desafectación de espacios protegidos. La valoración de conservación se vinculó a la defensa de bosques protectores y permanentes y dio cuenta de una tensión ya presente en ese momento: la de la preservación o el aprovechamiento del objeto histórico conceptualizado como riqueza forestal, tal como lo plantea la Ley Nacional 13273/1948 de Defensa de la Riqueza Forestal.

La segunda creación de 1979 también estuvo vinculada a estos procesos burocráticos-legales conservacionistas dado que, en 1978, el estado provincial había adherido a la ley ya mencionada a través de la Ley Provincial 5242.

Así también llama la atención cómo la reserva de Acambuco aumentó su superficie por otro caso de desafectación que implicó la afectación de lotes con presencia de población criolla e indígena guaraní. Vale decir que este espacio protegido estuvo relacionado directamente a dos instancias de desafectación de territorios de conservación.

Configuración del espacio social

Acambuco se incluye en la Chiriguanía, límite y frontera de guerra durante la colonia y el advenimiento de los Estados boliviano y argentino. Si bien estos espacios de frontera se caracterizaron por escasa población colona, presencia franciscana a través de reducciones y escasos ingresos de la milicia, la zona del valle de Acambuco se mantuvo relativamente aislada. No hay ningún registro que plantee que en el valle de Acambuco y toda esa región de yungas haya existido un poblado criollo u otra misión franciscana hasta fines del XIX.

Según documentos escritos por los pobladores, los criollos llegaron por el año 1860 “provenientes de Bolivia” mientras que otros escritos locales plantean que fue en 1890 y que encontraron población guaraní ocupando el territorio. En este sentido, entrevistas realizadas en el año 2003 a pobladores que llegaron durante la Guerra del Chaco (1932) dan cuenta efectivamente que había habitantes en la zona antes de la Guerra del Paraguay. El diario “Frontera” del 2 de septiembre de 1933 se refiere a la presencia de cuatreros que asediaban a las 200 familias habitantes. En este documento se menciona a “gentes que honestamente fundaron sus hogares hace 40 años”.

Asimismo, el Diario “Tartagal” del 31 de mayo de 1933 hace alusión a la presencia de cuatreros en la zona, información que se reitera en la publicación del 30 de abril de 1933, en la que se afirmó que se realizaban asaltos tanto a los pobladores como a las caravanas de ganado vacuno y mular que transportaban productos para ser comercializados en otros parajes. En efecto, en aquellos tiempos existía un fluido tránsito de arrieros, favorecido por encontrarse en un paso fronterizo poco controlado que trasladaban ganado vacuno y mular hasta Santa Cruz de la Sierra.

Cuentan los pobladores que los primeros criollos llegaron atraídos por las óptimas características geográficas y las pasturas para el ganado y que estas familias se ubicaron en parajes como Macueta, Alto Macueta, Campo Largo, Acambuco y el Chorrito. Entrevistas realizadas y documentos consultados (textos escritos por los pobladores con fines educativos) en trabajos de campo en los años 2003 y 2005, destacan la importante presencia de población indígena asentada a lo largo del valle. La historia oral refiere a las fiestas, las danzas, los sonidos de bombos y la gran cantidad de muertes provocadas por una peste de sarampión que diezmó a la población guaraní. Así también, aluden a una importante migración indígena producida durante la Guerra del Chaco que implicó la incorporación de grandes contingentes indígenas a las misiones franciscanas como mano de obra en ingenios, fincas y aserraderos de la zona de Orán, Aguaray, Tartagal, Gral. Ballivián y Coronel Cornejo.

Es así que la configuración territorial de la zona se caracterizó por procesos migratorios llevados a cabo en distintos momentos históricos. Las fuentes orales y escritas locales dan cuenta de la presencia de población indígena antes de la Guerra del Chaco. Sin embargo, se destaca la importante afluencia durante la misma.

Por otro lado, durante las últimas tres décadas, se destaca la entrada de migrantes bolivianos que ingresan al espacio de relaciones sociales de la conservación como los actores con menores capitales y recursos debido a que, por un lado, no pueden dar cuenta de su profundidad histórica respecto a la tenencia de la tierra y, por otro, porque participan en disputas locales vinculadas al acceso a los recursos y a estigmas étnicos.

Las empresas extractivas como actores transnacionales

La explotación hidrocarburífera se inició en 1932-1933 con el ingreso de la compañía Standard Oil que abrió, a pico y pala, un camino hasta Campo Largo. La apertura del camino (que en Acambuco aún puede observarse su rastro en la zona baja, cercana al puesto de policía) significó nuevas alternativas de comunicación a través del ingreso de mercancías y apertura a nuevos servicios aunque también posibilitó el ingreso de los primeros camiones madereros. Al no obtener los resultados propuestos la empresa petrolera se trasladó hacia San Pedrito (principal centro de operaciones hasta su retiro). Mientras que allí pueden encontrarse viejas instalaciones, un cine, viviendas y comedores; en Acambuco aún quedan sus escombros (Gordillo, 2018), pozos cerrados y caminos.

Con la apertura del camino se inició una etapa de explotación forestal que tuvo como principales actores a empresas madereras de Tartagal y Salta, pequeños y medianos aserraderos de Tartagal y Aguaray, que funcionaron a través de campamentos estacionales. Este tipo de explotación se prolongó incluso muchos años después que el área fue declarada “área de reserva”, posiblemente hasta 1989, año en que se sacaron los últimos rollos. Sin embargo, aún puede verse en el camino que conduce a Acambuco que la actividad aún se realiza de forma ilegal: las huellas de camiones, los rollos tirados a la vera del camino, el sonido de las motosierras son prueba de ello.

Posteriormente, y bajo una política desarrollista y un sistema de producción fordista (como también tuvo la Standard Oil) hace su entrada, en la década del 60´, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que encara una importante acción exploratoria, abre y mantiene nuevamente el camino e instala una pista de aterrizaje en Acambuco.

En 1979, YPF otorgó la concesión del área Acambuco a Bridas. Cuando se produjo la privatización de la explotación de la Cuenca Noroeste en 1992, se otorgó la concesión a Tecpetrol y, desde el año 2001, se encuentra un consorcio liderado por la compañía Pan American Energy. Desde la privatización se inició un proceso de desregulación que produjo que, en las últimas décadas, las condiciones de acumulación capitalista se transformaran considerablemente y tiendan a la acumulación flexible (Harvey, 1998) y por desposesión (Harvey, 2006). De esta manera, se produjo una consolidación de las empresas transnacionales, se tercerizaron los servicios a través de contratistas y subcontratistas y se reemplazó la mano de obra con baja calificación debido al uso de tecnología y empleos especializados.

YPF no participó en los procesos de conservación dado que, como ya se mencionó, la reserva tuvo una existencia nominal. La política de protección de espacios en esos años estuvo caracterizada por escasa presencia en el territorio y se limitó a la creación burocrática de espacios protegidos en el marco de la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal cuya autoridad de aplicación era la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Fueron la promulgación de la Ley Provincial 7070/2000 de Protección del Medio Ambiente, su decreto reglamentario 3097/2000 y la Ley 7107/2000 de creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas las que fijaron nuevas reglas de juego en materia ambiental e implicó modelos neoliberales de gestión ambiental y conservación (Durand, 2014). Esto se expresó en: la implementación del estudio de impacto ambiental y social; la definición de formas económicas de mitigación a los efectos adversos de iniciativas productivas; la constitución de mecanismos de servicios ambientales de los ecosistemas por los cuales se pueden obtener contraprestaciones; y, la introducción del ecoturismo como medio para la obtención de beneficios económicos en el marco del paradigma del desarrollo sustentable.

Es en ese contexto neoliberal que la empresa Pan American Energy ingresó a las arenas de la conservación como el actor transnacional que más recursos poseía ya que activó un proceso de conservación neoliberal y de participación burocrática (Ferrero y Arach, 2021d).

El conflicto latente en las arenas políticas: Los intentos de regularización dominial

Con la ley de creación de la reserva, los pobladores fueron categorizados como “ocupantes”, y se declaró como zona de pastoreo –a favor de los mismos– “la superficie que tiene como centro la zona denominada “Valle de Acambuco”, siempre que no exista afectación a las zonas boscosas” (Ley N°5360).

Desde el año 1989, los residentes se organizaron y establecieron alianzas en las arenas de la conservación a fin de regularizar la situación precaria de tenencia de la tierra. Se acudió a la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios de Salta (UPPAS) filial Aguaray, a fin de tramitar el ingreso al Programa de Adjudicación de Tierras Fiscales constituido por el Decreto N°566/89. Esta gestión no avanzó debido a que la autoridad de aplicación planteó que un procedimiento de regularización de ocupantes no era posible porque Acambuco era un área de reserva. Este es un dato a tener en cuenta dado que se trata de un régimen de acceso/propiedad de la tierra que se encuentra producido específicamente por la existencia de un área protegida.

En 1998, el centro vecinal de Acambuco recibe la personería jurídica.2 Un año después se solicita, por nota al gobernador Juan Carlos Romero, el parcelamiento y adjudicación de los predios, siendo derivada dicha nota al Ministro de Gobierno y Justicia sin obtener respuesta. Entre 1998 y el 2000 se reitera el pedido de continuidad de los trámites mediante el vicepresidente del Senado quien requiere la realización de un censo sobre los pobladores, el tamaño del predio y la cantidad de ganado. Los trámites se vieron demorados por el fallecimiento del Senador Miguel Ángel Torino quien era uno de los pocos interesados en solucionar el problema de tenencia de la tierra.

Dos años después de que los pobladores presentaran su última nota e iniciaran efectivamente un censo de los pobladores con sus grupos familiares, en el mes de noviembre de 2001 Pan American Energy solicitó a la provincia un permiso para realizar una prospección sísmica en un área que incluía la superficie de la reserva.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SeMaDeS) –el organismo estatal responsable en ese momento– decidió restringir, de forma preventiva, el ingreso de la empresa al área protegida hasta tanto ésta no presentara un estudio de impacto ambiental detallado sobre los trabajos que pretendía hacer, los posibles daños y las acciones de mitigación. En este contexto, las ONGs ambientalistas Greenpeace, Fundación Vida Silvestre Argentina y Yaguareté advirtieron, en un comunicado conjunto, su preocupación por el proyecto de la empresa.

En este contexto, Pan American Energy presentó el estudio de impacto ambiental acompañado por la propuesta de creación del “fondo fiduciario Acambuco” de USD750.000, a pagarse en cinco cuotas anuales En este contexto, las ONGs de corte ambientalista (Greenpeace, ProYungas, Yaguareté) se insertaron en las emergentes arenas neoliberales, a través de su participación en el consejo consultivo encargado de administrar el fondo. También lo hicieron la SeMaDeS y la compañía petrolera.

A partir de la puesta en escena de la empresa y de contar con fondos para la reserva, la SeMaDeS se hizo presente en Acambuco, donde realizaron diagnósticos y talleres y también planificó la construcción de un centro de investigaciones. El resultado de los primeros estudios arrojó dos situaciones críticas que dieron cuenta de las situaciones de riesgo en la reserva: la deforestación y el sobrepastoreo, Para mitigar el impacto, se plantearon los siguientes objetivos:

• Recategorizar acorde con la ley 7107/00.

• Elaborar un Plan Integral de Manejo y Desarrollo Participativo.

• Promover la restauración ecológica del ambiente de selva de pedemontana.

• Promover la restauración y uso sustentable del suelo en el valle.

• Revertir los procesos de degradación.

• Promover el desarrollo sustentable de las comunidades.

• Promover el área como polo de turismo sustentable (autogestión y beneficio local).

En informes internos, artículos periodísticos y entrevistas realizadas en el año 2003 se destacó que el valle presentaba pasto corto, gran cantidad de ganado disperso y grandes espacios alambrados. Además, se sostuvo que en el monte la rotación había disminuido sus ciclos, que se alambraba, talaba y quemaba desmesuradamente y sin amontonar, desconociéndose técnicas de cultivo en pendientes. En otro sentido se observó la situación de los migrantes de retorno, afirmándose que los hijos de los pobladores que volvían a la zona ya no podían construir otras casas en la reserva. Se advirtió, asimismo, que los migrantes bolivianos no estaban autorizados a asentarse. Otra restricción se refería a la extracción de madera del monte.

Los vecinos manifestaron su desacuerdo de manera oral en entrevistas, reuniones, talleres y artículos periodísticos. Muchos de ellos desconocían la existencia de la reserva. La llegada intempestiva de la SeMaDeS, la construcción inconsulta del centro de investigaciones y las restricciones impuestas pusieron de manifiesto un tipo de conflicto producido por procesos de reterritorialización (Ferrero y Arach, 2021c) en el que se materializan, en prácticas concretas, las consecuencias de la existencia de la reserva. Es decir, la creación del fondo fiduciario impulsado por la empresa Pan American Energy podría considerarse como acto inaugural de nominación e intervención estatal.

La comunidad local expresó profundas diferencias ontológicas con los técnicos respecto al estado del valle: lo que para el técnico es sobrepastoreo, para los nativos es mantener el valle hermoso y cuidado; dado que, según la historia oral de colonización criolla, el monte cerrado es sinónimo de peligro y descuido. Así también, estas diferencias ontológicas se manifestaron respecto a la perspectiva sobre la cantidad de ganado: lo que para los gestores de la conservación es cantidad de ganado excesivo, para los locales es expresión de riqueza y reconocimiento.

El conflicto manifiesto: la desposesión

A partir de su ingreso en las arenas, la empresa desplegó toda una serie de prácticas vinculadas a la acumulación flexible. La prospección sísmica fue una teatralización del poder a través de la presencia de empresas internacionales contratistas que implicó la presencia de población trasnacional y equipamiento de última tecnología mientras que se estableció una producción del espacio relacionado a procesos de acumulación por desposesión. Se construyó un gasoducto que atravesó la reserva e incluso predios habitacionales. Los ocupantes no recibieron ninguna indemnización ni pagos por derecho de servidumbre por no poseer títulos de propiedad. También se construyó una planta de tratamiento de gas para procesar las extracciones de los distintos pozos ubicados en el área ubicada en Piquirenda Viejo (a 50 km de distancia).

La traza y mantenimiento del camino es un tema a destacar. La compañía inició un uso privado de la ruta provincial N°54 mediante la construcción de un puesto de control, con barrera en el acceso a la misma, supervisado por una empresa de seguridad. Además, construyó un establecimiento para Gendarmería Nacional en la entrada del Chorrito que coordinaba el control del tránsito de personas y vehículos con el anterior.

Por otro lado, con la creación del fondo fiduciario la empresa se comprometió a proveer de agua para consumo humano, ya que los estudios realizados en esas instancias determinaron el carácter no potable de los pozos de la población.

En el año 2006, se produjo el primer corte de camino por parte de jóvenes acambuqueños que exigían puestos de trabajo a la empresa. El conflicto generó enfrentamientos con la Gendarmería lo cual suscitó negociaciones por escasos puestos de trabajo transitorios. Este conflicto tuvo un carácter productivo (Ferrero y Arach, 2021c) en tanto que generó la creación de la Unión de trabajadores Desocupado Acambuco (UTD Acambuco). Es en este marco que las UTD ingresan en las arenas políticas, establecen alianzas y despliegan estrategias de resistencia territorial que fueron implementadas en las luchas que emergieron en la década del 90’, durante la privatización de la actividad petrolera: luego de los cortes de Cutral-Có, se produjeron los de Mosconi, en el Norte de Salta, e implicaron la irrupción del piquetero como un nuevo actor social que reclamaba por puestos de trabajo y asistencia estatal ante un sistema neoliberal excluyente.

En el mes de setiembre de 2009 un grupo de alrededor de 60 piqueteros de la UTD de Aguaray intentaron tomar e incendiar la planta de gas de la empresa. Esto provocó la represión por parte de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Provincia de Salta, la detención de 12 personas y un corte de ruta producido en reclamo por la liberación de los detenidos.

En abril de 2021, los pobladores de distintos parajes (incluidos Macueta y Campo Largo) se manifestaron durante una semana pidiendo trabajo, agua, electricidad, caminos y reparación de escuelas albergue. Este conflicto trascendió al espacio público (Azuela y Mussetta, 2009) a través de artículos periodísticos (El Tribuno, 11/4/2021) y por la intervención de concejales del municipio de Aguaray. En estas instancias se cuestionó a la empresa por no mantener los caminos cuyos accesos no necesita y a la provincia porque las regalías nunca llegaron al valle.

El 7 de julio de 2021 se produjeron enfrentamientos entre la Policía de la Provincia y pobladores de Macueta por una orden de desalojo: resultaron incendiados, con bombas molotov, dos vehículos de vecinos de Macueta y hubo policías con lesiones. Esta situación se generó ante la falta de soluciones que el presidente del Concejo Deliberante de Aguaray, quien había prometido gestionar respecto al grave problema de la intransitabilidad de los caminos y las condiciones de la escuela albergue del paraje mencionado.

El 9 de julio de 2021, los pobladores continuaron con el corte del ingreso a la planta compresora de Pan American Energy e impidieron el acceso a empleados de la empresa petrolera y sus contratistas (El Tribuno, 10/7/2021). En estas instancias, los pobladores cortaron el tránsito con troncos afirmando que, si no había respuestas a sus demandas, incendiarían la planta compresora.

El 17 de julio de 2021, el diario El Tribuno publicó un titular que refería a un principio de acuerdo sobre el conflicto. En esas instancias, el ministro de la Producción acordó con los pobladores la construcción de un camino entre Alto Macueta y la localidad de Acambuco, el arreglo de la escuela albergue de ese mismo paraje y el reemplazo de los vehículos incendiados. Hasta la presentación de este trabajo (2023), no se cumplió con lo pactado.

Arenas neoliberales y conflicto

Las relaciones sociales entabladas en este proceso de conservación se caracterizan por presentar diferentes niveles de tensión entre los principales actores. En un principio, la empresa fue vista por la población local como una posibilidad para obtener mejoras y puestos de trabajo. En estos momentos iniciales, la empresa inició prácticas de Responsabilidad Social Corporativa a fin de legitimar su presencia que consistieron en donaciones a las escuelas y construcción de infraestructura en las mismas. Las condiciones de capitalismo flexible se reflejaron en la forma de organización empresarial, lo cual significó una fuerte presencia de compañías tercerizadas en el territorio.

Por el contrario, la llegada de los gestores de la conservación, la implementación de talleres, el planteo de restricciones y la construcción de un centro de investigaciones en el medio del valle implicaron que la SeMaDeS fuera visibilizada de manera negativa.

En este sentido, el primer corte del año 2006 supuso la elección de un territorio estratégico (Castro y Arqueros, 2018) que permitiera visibilizar la protesta contra la empresa: el centro del valle de Acambuco. Esta acción política convocó a gran parte de la población de Acambuco que sostuvo el corte durante 20 días. El descontento se manifestó en la gran anuencia que esta protesta produjo.

Sin embargo, las últimas protestas se realizaron en otros espacios estratégicos y no contaron con el acuerdo de distintos sectores de la población. Un primer corte se produjo dentro de la reserva, en Macueta, cercano a pozos y plantas de la empresa; mientras que un segundo bloqueo se realizó en el ingreso a la ruta 34 e involucró a pobladores de Piquirenda.

En el 2021 se produjo una fragmentación en la UTD de Acambuco, lo cual dio lugar a la emergencia de la UTD de Lagunillas. Según lo expresado por entrevistados acambuqueños (docentes y miembros de la UTD Acambuco) en el año 2022 en relación con la recientemente conformada organización piquetera: [los integrantes] “no son de Acambuco”, “son peligrosos”, “vinieron de Bolivia y son los que están con el narcotráfico”, “nosotros aceptamos los puestos de trabajo, pero ellos quieren cortar el camino y hacer quilombo”. En este caso, se explicitan los estigmas étnicos que se asignan a los migrantes en tanto son los actores con menores recursos que participan en el espacio de relaciones.

Con respecto a los vínculos entre la comunidad y los gestores de la conservación, los guardaparques establecen relaciones con distintos niveles de tensión y flexibilidad en los controles. En efecto, los agentes externos habitan en el centro de investigaciones mientras que los locales actúan como intermediarios. Los controles que se efectivizan están conectados a la extracción de madera y se concretan con la elaboración de actas.

Por otro lado, con la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva se cedieron, a través de permisos precarios, las áreas alambradas y la ubicación de las casas. Esta cesión que supuso reuniones y acuerdos individuales acentuó los procesos de diferenciación social en la población. Los pobladores con más capital económico y social recibieron grandes extensiones de tierra mientras que otros (entre ellos, los migrantes) no lograron efectuar mediciones y, en consecuencia, no pudieron tramitar permisos. Una de las personas entrevistadas (que pertenecía a la UTD Acambuco) nos comentaba, en una conversación informal, lo planteado anteriormente. Es posible que exista una relación entre este proceso de diferenciación social, el proceso organizativo de la UTD y el nivel de disenso.

Con respecto a esto, identificamos distintos niveles de conflictividad que fueron generados por el ingreso de la empresa a la Reserva de Acambuco:

1) Conflictos de tipo residencial o sobre el régimen de propiedad: la creación del fondo fiduciario activó una reterritorialización en la reserva, dado que, al contar con fondos los gestores de la conservación iniciaron transformaciones e intervenciones sobre el territorio que acentuó la delicada situación flotante de la población en tanto permisionarios. Esto produjo dificultades en accesos a créditos, proyectos y en el ejercicio de derechos que debieran vincularse a los auténticos actos de posesión que los habitantes realizan desde hace décadas;

2) De acceso a los recursos: las transformaciones produjeron modificaciones en el uso del espacio de pastaje y restricciones en la extracción de madera del monte;

3) Por diferencias ontológicas, espacios de vida y territorialidades antagónicas: producidos por diferentes perspectivas respecto a la naturaleza y el uso del espacio;

4) Por una desigual distribución de costes ambientales: los pobladores señalan a la empresa como la principal causante de efectos ambientales, mientras que ellos son identificados como los que produjeron mayores transformaciones en el espacio;

5) Por el sistema de tomas de decisiones: se desplegaron prácticas coherentes con procesos de participación burocrática que exhiben performativamente mecanismos simétricos, mientras que subyacen jerarquías y centralismos, como, por ejemplo, en el régimen de otorgamiento de comodatos;

6) Conflictos por procesos de acumulación flexible y desposesión: generados por el ingreso de la empresa hidrocarburífera y una producción del espacio relacionada a la expropiación de un importante recurso como es el gas. El valle se encuentra atravesado por un gasoducto, mientras la población local no posee gas, ni agua potable.

El caso de Acambuco representa y revive los escombros del progreso y la miseria de un presente que desvela las articulaciones entre el desarrollo y la conservación. Desde la creación del fideicomiso se inicia un proceso de configuración de un dispositivo de poder que articula el discurso del desarrollo sustentable, prácticas institucionales conservacionistas que se manifiestan en una específica gestión y una voluntad de poder espacial impulsada por las empresas trasnacionales cuyo único objetivo es maximizar las ganancias con bajos niveles de riesgo. Es en este proceso de configuración de un dispositivo donde se fomenta la producción de un sujeto con prácticas ecológicamente “sustentables”.

Estos procesos de transformación, que involucran territorialidades antagónicas y la superposición de formas de uso del territorio, han sido acelerados por la creación del fideicomiso. Hasta su establecimiento, el área protegida sólo experimentaba acciones esporádicas por parte de los organismos estatales de conservación. El ingreso de la empresa implicó la activación de procesos de intervención que comenzaron en el año 2001 y continúan hasta la actualidad con la existencia de un área de gestión territorial integrada que tiene como base logística a Acambuco.

En un principio, se inició la construcción del Centro de Estudio, Investigación, Educación y Fiscalización así como la realización de talleres. Con la inauguración del centro de investigaciones en el año 2003 y con la designación de un técnico guardaparque y dos guardaparques baqueanos se inició una nueva etapa de gestión con presencia permanente en la zona (Arguedas Mora et al., 2012). Hasta el 2007, la intervención fue intensa y culminó con la implementación del fideicomiso, la extracción de 600 cabezas de ganado equino y la presentación de un Plan de Manejo que no obtuvo validez legal. No obstante, éste sirvió como modelo para el plan definitivo aprobado en 2012. Es preciso destacar que este documento inicial fue confeccionado por la ONG PROMETA (Protección del Medio Ambiente de Tarija). Sin embargo, surgieron discrepancias con la autoridad de aplicación por lo que el proceso fue continuado por la Fundación Argentina para el Desarrollo Humano y Ambiental (FADHA).

Aunque el primer documento no obtuvo estatus legal, el proceso que culminó con su presentación implicó la realización de entrevistas y reuniones, el logro de acuerdos y la medición de los predios. Una consecuencia inesperada de esto fue el alambrado de grandes extensiones de tierra, ello generó conflictos entre los pobladores y requirió la mediación de los guardaparques y la intervención de la policía (Arguedas Mora et al., 2012). Es importante destacar el rol que desempeñaron las ONGs en la dinámica de las arenas políticas en tanto que, en un primer momento, advirtieron sobre el ingreso de la empresa y participaron en la toma de decisiones a través del consejo consultivo. En una segunda instancia, desempeñaron actividades de campo y elaboraron documentos que tuvieron importantes consecuencias prácticas.

Por otro lado, al considerar los conflictos analizados surge la pregunta sobre si estas pugnas involucran a la empresa petrolera y/o a la autoridad de aplicación de la reserva. En los cortes y enfrentamientos realizados entre el 2006 y el 2021 los actores implicados fueron pobladores y empleados de las empresas. Sin embargo, se presentaron reclamos al estado provincial en materia de salud y educación y fueron funcionarios gubernamentales que actuaron como mediadores y llegaron a acuerdos provisorios.

Respecto a los desacuerdos entre pobladores y los gestores de la conservación las discrepancias se mantuvieron en ámbitos discursivos y administrativos, aunque ello no implicó la ausencia de fricciones y algún nivel de conflictividad. Desde un principio, los pobladores expresaron que las gestiones conservacionistas implicarían restricciones. Además, es destacable el conflicto latente de tipo residencial surgido de los intentos de regularización de la situación dominial de la tierra generada por el proceso de conservación. Desde los talleres iniciales los pobladores manifestaron su “ánimo de dueño”. En los encuentros sobre la medición de los predios varios vecinos expresaron su disconformidad con respecto a esta distribución. En el 2008, se presentó una nota ante la autoridad de aplicación donde la población afectada manifestaba su desacuerdo con la existencia de la Reserva. Asimismo, buscaron asesoramiento legal y cuestionaron las mediciones realizadas y la categorización de otorgamiento de los predios como comodato.

Conclusión

Las arenas de la conservación en Acambuco plantean la interrelación entre las políticas de preservación, las dinámicas económicas y los conflictos socioambientales. El uso heurístico de este concepto ha permitido organizar la multiplicidad de actores y relaciones que se produjeron en este específico proceso social y político de conservación.

En este espacio social, la empresa se erige como el actor transnacional con mayores recursos, mientras que la autoridad de aplicación maneja medios burocráticos legales para regular mínimamente las actividades de ésta.

Las ONGs participaron en distintos momentos del proceso, fundamentalmente estableciendo actividades de seguimiento y modelando aspectos de la gobernanza. Son ellas las que esbozaron el Plan de Manejo, desarrollaron el trabajo en el territorio y definieron aspectos sustanciales de su ordenamiento.

La población local estableció diferentes alianzas y acuerdos según la diferenciación social, las estrategias y las tensiones suscitadas en los últimos tiempos. En la comunidad local, los actores con mayores capitales poseen mayor profundidad histórica en la zona y son los que mejores acuerdos han llevado a cabo en la entrega de comodatos. Por su lado, los migrantes que llegaron en los últimos años son los que presentan menos recursos de negociación y pocos canales de comunicación. Sin embargo, han establecido articulaciones con la UTD de Mosconi.

En términos teóricos, es posible discutir la hipótesis planteada por Ferrero y Arach (2021c) respecto a que la conflictividad es inherente a la gestión de áreas protegidas. En el caso de Acambuco, la existencia nominal “de un área protegida de papel”, en el marco de la ley de defensa de la riqueza forestal, no conllevó conflictos ya que definió un tipo de arena burocrático-legal. Esta situación se mantuvo desde la fecha de creación del área en 1979 (e incluso antes, ya que fue creada y desafectada) hasta el año 2001, cuando la empresa requirió realizar estudios prospectivos. Lo cual produjo la activación conservacionista y la reconfiguración hacia una arena política neoliberal. Es aquí donde capital y conservación se articulan en un proceso específico que involucra conflictos, disputas y desacuerdos en el que se mitigan monetariamente impactos ambientales y se fomenta la producción de un sujeto con prácticas ecológicamente sustentables que desarrolle actividades vinculadas al ecoturismo a través del ofrecimiento de servicios de albergue y cabalgata.

1 Matrículas N° 4325, 4326, 4336, 19866, 1703 y 1704.

2 N° 08/98.