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Introducción

La violencia contra las mujeres o violencia de género, más conocida como violencia por motivos de género (en adelante VMG), es un fenómeno considerado parte de la cuestión social que se despliega en diferentes países, clases y grupos sociales. Los Estados, suelen llevar adelante diferentes herramientas de prevención y de asistencia a mujeres que se encuentran en una situación de violencia. Sin embargo, dichas mujeres suelen encontrar obstáculos que dificultan el acceso a una asistencia jurídica y psicosocial y a medidas de seguridad que las protejan. Esta situación, se complejiza aún más en comunidades rurales dada la existencia de amplias distancias geográficas y dificultades económicas. Por tal motivo, nos hemos preguntado si existen particularidades, y cuáles son, en el despliegue de la VMG en zonas rurales de nuestro país y a su vez cuáles son las intervenciones que se llevan adelante en estos territorios. De tal forma, nos propusimos avanzar con estos temas en un trabajo de tesina y una tesis de maestría (ambas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires) que se desprenden de un proyecto de investigación titulado “Desigualdades de género en el medio rural: la violencia doméstica en contextos de la agricultura familiar del periurbano bonaerense” aprobado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la categoría de beca postdoctoral 2023-2026 y financiado por este organismo y de manera conjunta con la Universidad de Morón (UM).

Dicha investigación es cualitativa, de carácter exploratorio y de corte transversal con la recolección de los datos en un momento de toma determinada. La población objetivo del estudio son las mujeres pertenecientes a la Agricultura Familiar de los territorios seleccionados, que hayan vivido o estén atravesando una situación de VMG y/o tengan conocimiento del tema. Además, con la intención de ampliar la información recabada, se incluyen como parte de la muestra a trabajadoras/es del Estado y referentas de movimientos sociales que lleven adelante, o hayan realizado, actividades vinculadas con la prevención y/o asistencia a mujeres rurales en situación de VMG. La recolección de datos se basa en la revisión de las fuentes secundarias y análisis de los documentos institucionales vinculados al tema de estudio, revisión de bibliografía que nos permita ampliar el marco teórico, grupos de reflexión y entrevistas semidirigidas a la muestra seleccionada.

Como primera etapa, hemos avanzado en el rastreo de información en fuentes secundarias disponibles en páginas oficiales de organismos públicos nacionales que brindan datos sobre las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y erradicación de la VMG y que en particular ofrecen información respecto a intervenciones en zonas rurales. Los criterios de selección de los documentos fueron que sean presentaciones, informes o análisis de políticas sociales que hagan referencia a la VMG en zonas rurales, se hayan producido en los últimos 5 años y sean de alcance nacional, provincial y/o municipal.

De los documentos encontrados fueron seleccionados para el análisis: la presentación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022, el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 y el Plan Nacional contra las violencias por motivos de género 2022-2024, los tres del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD); los programas de alcance nacional Acercar Derechos (PAD), Acompañar, Potenciar, Producir, En nuestras Manos y Sembrar Igualdad; el informe realizado por el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) 2021/2022 de En Nuestras Manos; y un informe realizado por el programa Mesas locales intersectoriales de pueblos contra las violencias por razones de género Mi Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Las categorías utilizadas para el análisis de la información brindada en estos documentos fueron: (1) caracterización de la VMG en zonas rurales, (2) intervenciones específicas de la VMG en zonas rurales, (3) deficiencias en las intervenciones en VMG en zonas rurales y (4) propuestas de mejora en el abordaje integral en VMG en zonas rurales. Tomando los datos distintivos y las insistencias que arrojaron dichas categorías, a continuación, presentaremos los ejes centrales de su análisis.

La violencia por motivos de género

La violencia de género (Velásquez, 2010) es un tipo de violencia que se basa en la existencia de relaciones de dominación de varones sobre mujeres, con la intención de someter, doblegar, dominar, paralizar a la otra persona por medio de apoderarse de su libertad, voluntad, pensamiento, intimidad y dignidad (Carrasco, 2018). La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres define a esta violencia como cualquier conducta, acción u omisión que directa o indirectamente en el ámbito público como en el privado afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o la seguridad personal de las mujeres.1 A su vez, la VMG es descrita en sus diferentes tipos de violencias como la psicológica, física, sexual, económica simbólica y diferentes modalidades entre las que encontramos la violencia institucional, laboral, mediática, obstétrica, contra la libertad reproductiva y la violencia doméstica. Esta última, se suele desplegar de a poco y suele establecerse mediante la naturalización y justificación de los actos de violencia, construyéndose de manera sostenida en el tiempo en ciclos compuestos por fases. Diferentes autores/as (Walker,1979; Carrasco, 2018) describen que este ciclo se inicia con una fase en la cual el agresor acumula tensión, con una actitud muy rumiante, luego -sin motivo alguno- se produce la descarga manifestada en actos de violencia que pueden darse en sus diferentes tipos. Continúa con un periodo de calma en donde el agresor realiza diferentes pedidos de disculpas por lo sucedido y a partir de esto, la relación toma un aparente carácter de amorosidad y tranquilidad. Finalmente, con la externalización de la culpa, el agresor le transfiere la culpabilidad de todo lo sucedido a la persona violentada y ésta retorna al círculo violento. En general, luego del acto de violencia las mujeres deciden buscar ayuda. No obstante, dada la falta de comprensión sobre la temática en los círculos familiares y comunitarios, y sumado a los obstáculos que se topan en la búsqueda de asistencia y de protección por parte del Estado, las mujeres deben transitar caminos complejos conocidos como la Ruta Crítica (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2000). En dichos caminos, las mujeres deben tomar decisiones constantemente y elaborar estrategias de supervivencia, tanto para ellas como para sus hijos/as. Lamentablemente en estos largos trayectos, la VMG llega a su expresión más extrema que es el femicidio (Toledo Vásquez, 2014), penado como tal en nuestro país a partir del 2012 (modificaciones-Ley 26.791) 2.

De tal forma, la VMG alcanza a ser considerada como un problema social (Macias-Bowen y Macias-Bowen, 2022), ubicándola como un problema de orden público que afecta a las personas de diferentes regiones, clases y culturas. En este sentido, la VMG tiene sus raíces en un sistema capitalista patriarcal cis heteronormativo que atenta cotidianamente contra la vida y los cuerpos de las mujeres y LGTBI+. A su vez, tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021) como en nuestro país (OPS-MSAL, 2022) se considera que este tipo de violencia es un problema que atañe a la esfera de la salud de las personas implicadas, generando un grave impacto en la salud pública.

Frente a la gravedad de esta problemática que afecta a la mitad de la población mundial -las mujeres-, desde hace varias décadas los organismos internacionales de derechos humanos, sus convenciones y conferencias destinadas a las mujeres, intentan colocar a la VMG como un problema de derechos humanos (Rico, 1996)3. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece el concepto de debida diligencia reforzada para definir el alcance de los deberes estatales en esta temática, instando a que los Estados deben prevenir y proteger, en tanto garante, frente a patrones de violencia estructural que afectan a ciertos grupos subordinados o en situación de vulnerabilidad (Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades [MMGyD], 2020). Actualmente, la comunidad internacional adhiere a la búsqueda de igualdad y no discriminación plasmada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2023 de Naciones Unidas, entre los que encontramos como meta del objetivo 5 eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

No obstante, a nivel internacional se registra que las intervenciones que llevan adelante los Estados suelen presentar un sesgo urbanocéntrico muy marcado (Ballara, 2004) y no tienen en cuenta las particularidades de zonas, como las rurales, en donde la existencia de mayores obstáculos territoriales dificulta el acceso a un abordaje integral en estas comunidades. Tanto es así, que la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ha prestado particular atención a la realidad de las mujeres rurales y a partir de determinar que se ven afectadas de manera desproporcionada por la violencia por razón de género y que presentan una falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces (CEDAW, 2016), realiza recomendaciones a los Estados para lograr prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas rurales. Recomienda, entre otras cosas, investigar, juzgar y castigar los actos de violencia, asegurar que las víctimas que viven en zonas rurales tengan acceso efectivo a la justicia, que haya servicios integrados para víctimas, incluidos los centros de acogida de emergencia y servicios de salud integrales, que estos espacios sean accesibles, que eviten la estigmatización y que protejan la privacidad y dignidad de las mujeres.

Por su parte, la Argentina, a partir de su adhesión a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres, viene llevando adelante diferentes intervenciones que buscan prevenir y asistir de manera integral a las mujeres que se encuentran en una situación de VMG y sancionar a las personas que ejercen dicha violencia. A nivel nacional, se elabora la Ley 26.485 de protección integral en el 2009, la cual permite construir lineamientos generales para un abordaje integral. Entre ellos encontramos la creación de lugares específicos para radicar las denuncias, capacitación en la temática a profesionales que intervienen en esta problemática, fortalecimiento de centros de atención integral con asesoramiento legal y acompañamiento psicosocial, alojamiento en refugios para mujeres en situación de alto riesgo y una asistencia a nivel nacional vía telefónica por medio de la línea 144. A su vez, en base a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 26.485, el Estado Argentino tiene la obligación de diseñar e implementar planes de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En la última década, podemos ubicar el Plan 2014-2016 formulado y presentado por el entonces Consejo Nacional de la Mujer (CNM) y el Plan 2017-2019, que también elaboró el entonces CNM -luego Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)-.

Finalmente, con la creación en diciembre de 2019 del MMGyD a través del Decreto 7/2019-, se diseñan el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022 y el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2022-2024. A su vez, vale destacar el diseño del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, de notorio valor para el abordaje en violencias.

A partir de nuestro primer relevamiento de información evidenciamos que, al igual que se registra a nivel internacional, en nuestro país son muy pocas las políticas públicas que abordan la VMG en zonas rurales. Recién con la creación del MMGyD, los planes anteriormente nombrados comienzan a poner de relieve, entre otras cosas, la necesidad estatal de intervenir en el abordaje de la VMG en realidades que no habían sido consideradas previamente, como las propias de las zonas rurales. De dichos planes se desprenden programas específicos y lineamientos generales para las intervenciones en comunidades vinculadas con las ruralidades de nuestro país que analizaremos a continuación.

Resultados

Caracterización de la VMG contra las mujeres en las ruralidades

De los documentos rastreados, como referimos más arriba, fueron analizados dos planes nacionales para el abordaje en violencias, un plan nacional sobre la diversidad, seis presentaciones de programas nacionales y dos informes de política pública vinculados a la temática.

Lo primero a ser destacado de estos documentos es que presentan varios aspectos en común. Todos ellos son herramientas diseñadas a partir de la creación del MMGyD, dando cuenta de esta manera la existencia de una sinergia en un periodo en particular, que se dio a nivel político e ideológico entre los niveles nacional y provincial. Esto favoreció el diseño a la par de planteos similares en torno a la intervención para el abordaje de la VMG en general y para el abordaje de la violencia en zonas rurales en particular.

Lo segundo, es que identificamos que los documentos hacen hincapié en la existencia de una heterogeneidad de mujeres, incluyendo en dicha categoría una multiplicidad de identidades, expresiones y orientaciones de género. El plan 2021-2023, contempla las trayectorias, posiciones, deseos, proyectos, barreras, ciclos vitales, tramas vinculares y responsabilidades disímiles que atraviesan las mujeres. En base a esto, se propone evitar la reducción de la noción de las mujeres a cualquier determinación de una esencia o reproducción de estereotipos y mandatos. De tal forma, se propone llevar adelante el diseño y planificación de acciones con atención a la complejidad de las diferentes realidades que las configuran. Tal es así, que dicho plan destina un apartado a la descripción de las mujeres y LGBTI+ rurales de manera específica, las cuales son definidas en su interior como un colectivo de enorme heterogeneidad. Esto se debe a que se tienen en cuenta su diversidad establecida por las actividades productivas que llevan adelante (como agricultura, recolección, pesca, horticultura, trabajo asalariado, etc.) o por las interrelaciones culturales y territoriales por las cuales son definidas. En el mismo sentido, el estudio realizado por el INAFCI hace referencia a la realidad particular que viven las mujeres rurales y a su vez a su propia heterogeneidad. El documento considera que el término Mujeres rurales nombra a un colectivo diverso al que se suele llenar de generalidades. Asimismo, se resalta que las mujeres y LGBTI+ de las zonas rurales comparten el rol de ser las encargadas mayoritariamente de la transmisión del conocimiento sobre la historia de sus pueblos, sobre los saberes técnicos de manejo agroecológico, de la conservación de semillas y sobre los usos medicinales de las hierbas, a pesar que este rol no suele ser valorado o suelen ser excluidas de la sistematización de este conocimiento.

Lo tercero a destacar de los documentos es que describen el despliegue de la VMG en las zonas rurales a partir de tener en cuenta diferentes aspectos de las características socioterritoriales y las características socioeconómicas de las comunidades rurales.

Entre las características socioterritoriales encontramos como uno de los aspectos más distintivos al aislamiento, vinculado con la dispersión existente entre viviendas y la lejanía de estas a los centros urbanos. En Argentina, es considerado rural a la población que reside en localidades de menos de 2.000 habitantes e incluye a la población rural dispersa, conformada por las personas que residen en campo abierto, sin constituir centros poblados (INDEC, 2023). Según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en 2020 la Argentina contaba con aproximadamente el 8% de su población radicadas en zonas rurales, contabilizando un total de 3.538.352 personas. Las grandes distancias, sumadas a las condiciones de vulnerabilidad social que caracterizan a dichos territorios, generan desigualdades que impactan muy gravemente en la vida de los/as pobladores/as rurales. Dado que la red de servicios básicos se encuentra en los centros urbanos, las personas que viven en las zonas rurales deben trasladarse hasta estas localidades. Para lograrlo suelen atravesar largos caminos hasta llegar a alguna ruta que tenga acceso a los poblados urbanos y lo deben hacer por medio de transporte público o vehículo personal. Dicho traslado se complica dado que los caminos internos y las rutas no suelen estar en buen estado, el transporte público no es frecuente y la disponibilidad de vehículo propio y apropiado para los caminos es baja por cuestiones económicas.

Nos detenemos en el componente del aislamiento dado que en la VMG es un elemento clave para perpetuar la situación de violencia e impedir el poder salir de la misma, al dejar a las mujeres sin red de apoyo y contención que les permita solicitar ayuda. De esta manera, queda en evidencia que en las zonas rurales el aislamiento provocado por la dispersión de viviendas y lejanía a los centros urbanos, sumado al aislamiento social provocado por los agresores, favorece el despliegue y el sostenimiento de la violencia y expone a las mujeres a situaciones de mayor riesgo.

Otra de los aspectos socioterritoriales mencionadas por los documentos se relaciona con la dificultad que existen en las zonas rurales para el alcance de señal de teléfono, celular e internet. Por ejemplo, de los casos relevados a nivel nacional por el informe del INAFCI, solo el 38,5% tiene acceso a Cable módem o WiFI. Este acceso deficitario para la comunicación dificulta el pedido de ayuda de las mujeres que se encuentran en situaciones de peligro provocadas por violencia física y/o sexual. Claro está, que lo anterior agudiza el riesgo en situaciones de emergencia en donde peligra la vida.

Respecto a las características socioeconómicas de las mujeres rurales, se hace mención a la falta de empleo y a la falta de acceso y tenencia de la tierra. En términos generales, las mujeres de todos los contextos sociales suelen compartir una desigualdad económica basada en el género. En comparación con los varones, las mujeres presentan mayores obstáculos para el acceso al trabajo remunerado, permanencia y ascenso en el mismo. Un dato clave para graficar lo anterior lo podemos tomar de las cifras vinculadas con las brechas de género en los ingresos: las mujeres perciben ingresos que, en promedio, son un 28,1% menores que los de los varones (MMGyD, 2022a). Cuando esta situación desfavorable es llevada a las zonas rurales, vemos que coloca a las mujeres de estos territorios en peores condiciones. En base a lo descrito por el Plan 2021-2023, las mujeres asalariadas en el sector rural solo representan el 17,7% del total de asalariadxs agrarixs, referido al trabajo registrado permanente, demostrando una baja inserción en el mercado de trabajo remunerado.

Además, como ya se ha demostrado hace más de una década (Ferro, 2012; 2013), las mujeres rurales presentan un bajo control y acceso a la tenencia y titularización de la tierra, lo que en general recae en la figura de los varones de las familias. A su vez, lo que se registra es que la falta de titularización incrementa los riesgos de desalojos, desarraigo y migración forzada de las mujeres hacia centros urbanos o zonas periurbanas marginadas, como caracteriza el plan 2021-2023. A pesar que se ha visto un avance en la regularización de títulos de las tierras a manos de las mujeres -como lo puede mostrar el informe del INAFCI con un registro en su muestra de un 49,6% de mujeres propietarias de tierra- el Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2019), ha registrado que sólo el 20% de las mujeres de nuestro país son las que administran las explotaciones agropecuarias.

A su vez, debemos agregar que, en el sector de la Agricultura Familiar, la unidad doméstica se encuentra unida a la unidad productiva (Feito, 2013) y en función de la distribución de tareas y roles asignados por la división sexual del trabajo rural, son los varones del grupo familiar quienes tienen la responsabilidad de generar la mayor porción de ingreso económico al hogar, haciéndose efectivamente cargo de la producción y las decisiones de la explotación agropecuaria (Logiovine y Bianqui, 2020). Por lo tanto, además de ser ellos los que acceden a la tenencia y titularización de las tierras, son ellos los que acceden a las herramientas de producción y a capacitaciones técnico productivas y al sistema de créditos. De esta forma, como nos refiere el Plan 2021-2023, a las desigualdades económicas referidas se les suman las desigualdades productivas.

A estas últimas se les agrega el impacto que tienen en la vida de las mujeres el cambio climático. En los ámbitos rurales las condiciones de aislamiento con falta de acceso a servicios básicos (agua potable, educación, acceso a la tierra y capacitación) implica para las mujeres y LGBTI+ indígenas y campesinxs una mayor exposición al riesgo y a una menor capacidad de responder y mitigar los efectos del cambio climático. De todos modos, queremos rescatar, como refiere el estudio realizado por el INAFCI, que las mujeres rurales muestran un rol fundamental en las crisis ambientales a partir de la ejecución de prácticas productivas agroecológicas o en transición hacia la agroecología, con un destacado papel en el cuidado de la biodiversidad y la genética.

Teniendo en cuenta lo descripto por los documentos en base al componente económico, característico de la realidad de las mujeres rurales, se identifica que la imposibilidad de desarrollo de su autonomía económica es un elemento que, al igual que lo territorial, favorece el despliegue y el sostenimiento de la violencia por parte de los agresores.

Si en términos generales las mujeres se suelen encontrar con mayores obstáculos para el ingreso y permanencia en el mundo del trabajo remunerado; en las situaciones de violencia ello se agudiza a causa de la violencia económica que los agresores suelen desplegar sobre sus parejas, siendo el factor económico uno de los elementos que más complejiza la salida de dicha situación. De esta manera, las mujeres quedan bajo dependencia económica de los agresores, debiendo permanecer o retornar a este vínculo por falta de autonomía económica. En el caso de las mujeres de zonas rurales, esto se complejiza si tenemos en cuenta que no suelen acceder a la tierra, a su titularización, a las herramientas productivas, al crédito, y tampoco a empleo, quedando bajo una dependencia casi total de los agresores. De esta forma, las mujeres rurales que están atravesando una situación de VMG, al momento de decidir salir de la misma valoran que no pueden prescindir de la presencia de los varones en la unidad productiva, dado que de ellos dependen económicamente ellas y sus hijos/as. Tampoco aparece como opción el retirarse ellas del hogar, dado que dejan también el espacio productivo que, aunque sea de carácter familiar a cargo del marido, les pertenece y les significa una fuente de subsistencia asociada al autoconsumo y comercialización a pequeña escala. Además, a pesar que dejaran su hogar no acceden fácilmente a otros lugares productivos en donde empezar o continuar su propia producción.

Frente a lo planteado, parece necesario (re)pensar intervenciones que tengan en cuenta dichas particularidades de la violencia en zonas rurales y que permitan llevar adelante un abordaje integral acorde a las características de la vida rural.

Políticas públicas para el abordaje de la VMG en zonas rurales

En nuestro país, como hemos referido, encontramos que recién en los últimos 5 años se diseñaron políticas estatales que buscaron incluir la realidad de mujeres que no residen en zonas urbanas y que presentan características culturales y territoriales específicas, como las mujeres rurales, campesinas e indígenas. Antes de continuar, cabe destacar que diseño no es igual a implementación, ni tampoco implementación es igual a efectividad de la política pública. Lo que describiremos es aquello propuesto en el diseño de las políticas seleccionadas no lo efectivamente realizado.

Por un lado, ubicamos que el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022 propuso dos lineamientos claves que permitirían mejorar el abordaje de la violencia en zonas rurales. El primero de ellos planteó que el Estado debe estar presente en los territorios de manera federal, a través de la articulación con los distintos espacios y dispositivos institucionales provinciales y locales y con las redes sociales y comunitarias de cada lugar. Para lograrlo, por ejemplo, se propuso el fortalecimiento de las redes territoriales locales y regionales ya existentes, la creación de centros de abordaje integral en las provincias y a su vez la ampliación y diversificación de las bocas de recepción de denuncias de casos, con la posibilidad de denunciar en lugares cercanos, garantizando un trato adecuado y con perspectiva de género. Se consideró que la propuesta de garantizar mayor presencia en todos los territorios permitiría mejorar la atención a mujeres rurales dado que contrarrestaría el aislamiento provocado por su aspecto geoterritorial. El segundo lineamiento planteaba un cambio de paradigma pasando de un abordaje individual y en la emergencia a un abordaje integral, buscando modificar las condiciones estructurales que sostienen a la VMG. En esta línea, el plan se propuso la promoción de construcción de un proyecto de vida autónomo, apuntando al fortalecimiento de la autonomía económica, física y sobre la toma de decisiones de las mujeres y diversidades como un factor que permitirá reducir los índices de VMG. Esta propuesta tendría un gran valor para las mujeres rurales dado que el buscar fortalecer el aspecto económico de sus vidas de manera integral, sería un elemento clave para traspasar las limitaciones económicas que presentan al momento de intentar salir de la situación de violencia.

Por otro lado, el Plan Nacional de acción contra las violencias por motivos de género 2022-2024 retoma lo planteado por el anterior y busca profundizar y mejorar el abordaje estatal de las VMG a partir de instituir a las políticas de género y diversidad en políticas de Estado. A su vez, el plan propone hacer transversal a las políticas públicas la perspectiva basada en la diversidad, la interseccionalidad e interculturalidad, la multiagencialidad, la territorialidad y el carácter federal. El plan se propone llevar adelante mayor asistencia a personas que se encuentran en zonas rurales profundizando la intervención territorial como parte de sus objetivos centrales: llegar a más ciudades, pueblos y comunidades, fortalecer la articulación con los gobiernos locales y organizaciones buscando facilitar el acceso a los programas y políticas.

A nivel nacional, de los planes anteriores se desprendieron diferentes programas que buscaron garantizar la asistencia a mujeres rurales en situación de VMG.

El primero de ellos, apuntó al acceso a derechos. Se trató del Programa Acercar Derechos (PAD), el cual se propuso brindar respuestas integrales a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de VMG, por medio de fortalecer el acceso a los derechos y al sistema de justicia, desde una perspectiva interseccional e intercultural. Con este objetivo, se propuso la creación de equipos especializados en todo el territorio nacional que brindaban acompañamiento psicosocial y jurídico y en la realización de trámites y gestiones, articulando con las provincias y los distintos poderes del Estado. Este programa tuvo el foco en el abordaje en zonas rurales dado que se planteó que los equipos interdisciplinarios fueran distribuidos de tal forma que pudieran llegar a varias comunidades rurales en las que se evaluó que resultaba más difícil el acceso pleno a derechos por parte de las mujeres y LGBTI+. Se propuso que la atención sea brindada en instituciones públicas (por ejemplo, oficinas de agencias estatales o escuelas), espacios pertenecientes a organizaciones sociales o barriales que acompañen a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia, o lugares que las personas propongan cuando existan riesgos para su desplazamiento o no puedan acercarse por imposibilidad económica.

El segundo, apuntó al fortalecimiento de independencia económica de las mujeres en situación de violencia por medio de un apoyo económico. El programa se llamó Acompañar, basado en una transferencia monetaria y acompañamiento integral que buscaba contribuir a la creación de las condiciones básicas para el diseño de un proyecto de vida autónomo.

Además, en la línea del apoyo económico, es válido destacar que el MMGyD y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en articulación con las provincias y municipios, incorporaron al Programa Potenciar Trabajo (actualmente Programa Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social bajo la órbita del creado Ministerio de Capital Humano) a personas en situación de VMG con el objetivo de promover la inclusión social y el mejoramiento progresivo de sus ingresos. Esto buscó favorecer la incorporación de mujeres rurales y su promoción al acceso a ingresos monetarios.

En consonancia con el planteo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres que estén pasando por una situación de VMG, en las áreas destinadas a lo agrario, encontramos algunos programas que, de manera más o menos específica, fueron destinados a personas pertenecientes a zonas rurales. Entre ellos encontramos el programa Producir, el cual se propuso implementar un apoyo económico y acompañamiento técnico a proyectos productivos de organizaciones sociales y comunitarias, incluidas las organizaciones del mundo rural, que tengan o no la personería jurídica, en las que participen mujeres y LGBTI+ en situaciones de VG. Este programa se planteó como una nueva forma de abordar a la VMG al promover la independencia económica de mujeres y LGBTI+. A su vez, para las mujeres y LGTBI+ rurales se diseñó un programa específico titulado programa Sembrar Igualdad, el cual se propuso brindar asistencia técnica para la ejecución de programas, proyectos, acciones e intervenciones destinadas a fortalecer sus capacidades productivas facilitando el acceso a recursos productivos, económicos, tecnológicos y de infraestructura que estén orientados al desarrollo de proyectos laborales de mujeres y LGBTI+ rurales (MMGyD, 2023). Otro de las iniciativas planteadas desde el Estado para el fortalecimiento de la autonomía económica, fue el programa En Nuestras Manos, con el objetivo de visibilizar el rol central de las mujeres campesinas e indígenas y de la pesca artesanal en la producción agropecuaria y minimizar la brecha entre hombres y mujeres sobre la titularidad del patrimonio de la familia productiva. De esta manera, se planteó la necesidad de mejorar las condiciones de producción, agregado de valor y comercialización de proyectos de desarrollo rural de mujeres rurales, campesinas e indígenas y facilitar el acceso a las innovaciones tecnológicas, maquinarias, herramientas e insumos agropecuarios para tecnificar los procesos productivos y simplificar las tareas que las mujeres desarrollan en sus unidades productivas.

A nivel de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Mujeres y Diversidades crea el programa Mesas Intersectoriales de Pueblos contra las violencias por razones de género Mi Pueblo para fortalecer las redes institucionales y de organizaciones presentes en los pueblos de la Provincia, destinado de manera particular a las personas de ámbitos rurales e isleños. De esta forma, se evidencia que las situaciones de VMG en estos contextos presentan particularidades vinculadas con la existencia de una menor densidad poblacional, grandes distancias respecto de zonas más pobladas, dificultad de accesibilidad a los recursos del Estado, dificultad de conectividad a líneas telefónicas e internet y obstáculos en el acceso a políticas públicas. De esta manera, con el plan se propone dar una respuesta acorde a la realidad de cada lugar a partir de políticas públicas específicas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias.

Ahora bien, lo referido hasta aquí es un análisis sobre los lineamientos generales propuestos por cada plan y programa. Esto quiere decir que se trata de un análisis de lo propositivo de los documentos, no de lo realizado efectivamente en los territorios y por sus agentes. Respecto al análisis de políticas públicas destinadas al abordaje de las VMG, hemos identificado hasta el momento que existen algunas evaluaciones de las políticas públicas referidas (Auditoría General de la Nación [AGN], 2023; MMGyD, 2022b), pero en general se evidencia una vacancia en la evaluación de lo implementado de manera específica en zonas rurales, sus obstáculos y potencialidades. No obstante, el diagnóstico realizado por el programa Mi Pueblo, nos permite avanzar en el análisis de las dificultades que rastrearon en las intervenciones en asistencia en violencia en estos territorios y las recomendaciones que realizaron al respecto.

Discusión

Dificultades en el abordaje sobre la VMG en las ruralidades y recomendaciones pertinentes

Por un lado, el informe referido hace hincapié en la amplitud territorial ya descrita de las zonas rurales. Dicha amplitud dificulta la llegada de las políticas públicas y sus agentes a los territorios rurales. Esto podría subsanarse con recursos económicos y humanos que logren cubrir el abordaje en estas zonas. Sin embargo, se rastrea que las áreas especializadas en la temática que participaron del diagnóstico no cuentan con recursos económicos suficientes destinados a movilidad propia y para la contratación de profesionales necesarios/as que garanticen la llegada a estas comunidades. A su vez, se hace referencia a la insuficiente cantidad de lugares para alojar a mujeres en situaciones de riesgo. Resulta de gravedad el no disponer de este recurso de protección y seguridad dado que, cuando las mujeres rurales huyen de sus hogares y/o necesitan ponerse a resguardo por el nivel de peligrosidad, se encuentran desprotegidas y corriendo peligro su vida. Desde el propio informe se recomienda, partiendo de una perspectiva de federalización y territorialización, profundizar la llegada de las políticas públicas y sus agentes a todos los lugares, entre ellos a las zonas rurales. La presencialidad del Estado en las comunidades más alejadas y dispersas resulta clave para fortalecer la prevención y asistencia. Y en los casos donde no se pueda garantizar la presencia, se deben crear otras estrategias que promuevan la llegada de las políticas públicas.

Además, se registra que las áreas de género e instituciones presentan dificultades en el diálogo con otras instituciones u organizaciones sociales de mujeres y/o del medio rural implicadas en el abordaje de la violencia. Dada la reducida presencia del Estado en estos territorios y del desarrollo de organizaciones sociales y de mujeres, se recomienda que exista una fluida conexión, intercambio y articulación entre los diferentes organismos que existen y de esta manera intentar subsanar el aislamiento y falta de autonomía económica que caracteriza a las mujeres rurales que se encuentran en una situación de violencia. Para superar esta dificultad se plantea que se construya un trabajo interinstitucional e intersectorial con la comunidad y organizaciones sociales. En este sentido, desde el informe se sugiere tener registro de espacios colectivos y comunitarios en donde pueden transitar las mujeres y trabajar la prevención y armar red. Por ejemplo, emprendimientos y cooperativas, actividad política y partidaria, actividad cultural, actividad deportiva. Es necesario crear o reforzar las redes comunitarias como las redes vecinales, referentes de organizaciones o promotoras de género para facilitar el trabajo en prevención, la asistencia y la comunicación en caso de alertas o emergencias. En este punto, se recomienda fomentar desde el Estado el apoyo económico para el desarrollo de proyectos comunitarios y para el fortalecimiento de organizaciones sociales y territoriales que trabajan temáticas o situaciones de VMG. Además, se propone como elemento clave el armado, sostenimiento y fortalecimiento de mesas locales intersectoriales en cada municipio que tenga una comisión rural que logre diagnosticar y elaborar conjuntamente estrategias de intervención en prevención y asistencia.

A su vez, se destaca la importancia de mejorar las intervenciones profesionales en los casos de VMG en zonas rurales. Por un lado, se plantea que es necesario que la intervención en los territorios implique un trabajo sostenido de los equipos de profesionales. Por otro lado, se sugiere que dichos equipos puedan avanzar en su intervención a partir de lo indicado por un protocolo de acción de base, pero luego tener la flexibilidad de modificación y readecuación teniendo en cuenta las particularidades del caso y de los contextos rurales en los que se desenvuelven. En este punto, es necesario poder tener previamente establecida las vinculaciones interinstitucionales con los agentes representantes de instituciones como las escuelas locales o los efectores de salud, o con referentas de organizaciones sociales rurales, dado que al ser los/as primeros que pueden dar cuenta de la existencia de un caso para intervenir, son además quienes pueden apuntalar en el seguimiento de la situación y articular para facilitar el transporte a las mujeres para que asistan a su atención psicosocial y asesoramiento legal.

Por otro lado, se intenta poner en evidencia que para la prevención y para el acceso a una asistencia integral es necesario información. Con este objetivo, se propone el fortalecimiento de los espacios de formación, talleres, capacitación y encuentros territoriales, llevados adelante por redes comunitarias de la sociedad, referentxs, organizaciones y grupos sociales.

Además, es importante diseñar campañas de comunicación y que las mismas sean accesibles e inclusivas. Por ejemplo, teniendo en cuenta dificultades en la lectura en algunas zonas rurales, es importante apuntar a materiales de difusión que contengan gráficos y sean de rápida comprensión. A su vez, dada la diversidad en la ruralidad argentina, es importante co-construir estas instancias de comunicación con las comunidades, las cuales podrán evidenciar las especificidades psico socioculturales que son necesarias tener en cuenta a la hora de montar este tipo de comunicaciones.

También se destaca la importancia de contar con información al interior del Estado sobre la situación general de la VMG en zonas rurales, las intervenciones que se vienen realizando y un registro estadístico de casos rurales. El sentido de disponer de estos datos tiene el fin de dar cuenta de un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y LGTBI+ y lograr contribuir al mejoramiento de las políticas.

Por último, el informe destaca el componente económico. Como hemos detallado, lo económico es uno de los elementos que obstaculizan la salida de la situación de violencia y se considera fundamental crear las condiciones desde el Estado para que las mujeres dispongan de recursos económicos y puedan salir de las situaciones de violencia. En esta línea, la promoción de la autonomía económica de las mujeres y la valorización del su rol productivo y social son los dos ejes necesarios fortalecer. Por tal motivo, se destaca la necesidad de dar lugar tanto al apoyo económico a las mujeres rurales en situaciones de violencia, a la promoción del acceso al trabajo e inclusión laboral y al acceso a la vivienda, como a su vez facilitar a las mujeres el acceso a herramientas y espacios de producción y fortalecimiento de proyectos productivos.

Reflexiones finales

A lo largo de las páginas escritas, he buscado remarcar que existen diversidades, heterogeneidades, multiplicidades en las problemáticas sociales y sus actores/actrices: la VMG, las mujeres, las mujeres rurales y las ruralidades son en plural.

La perspectiva de la heterogeneidad propone desvincular el sesgo urbanocéntrico de la lectura y tratamiento de las violencias contra las mujeres. Lo que se busca es pensar la existencia de particularidades de la violencia de género en relación a los contextos sociales en donde se despliega. Para esto resulta fundamental dar con estudios enfocados en conocer y analizar la articulación entre las características de la vida rural y el despliegue de la VMG en sus formas y tipos.

Además, se busca cuestionar la mirada hegemónica sobre la idea de mujer en tanto mujer occidental, blanca, de clase media, alfabetizada y urbanizada. Resulta importante visibilizar la existencia de las mujeres que quedan por fuera de esta hegemonía y enunciar la heterogeneidad de las mujeres, en su sentido no universalista. En este punto, consideramos que el enfoque interseccional (Vigoya, 2016: Pombo, 2019) a partir de la articulación de diferentes categorías de opresión como la de género, clase, raza y agregaríamos territorio, permite poner de relieve los efectos de las relaciones de poder y evidenciar las realidades de las mujeres rurales. A su vez, la perspectiva propuesta busca sacar las generalidades construidas en torno a las mujeres rurales y ubicar la multiplicidad de formas de ser mujer en lo rural. Y esto va de la mano con la necesidad de remarcar la heterogeneidad existente en las ruralidades argentinas.

De esta manera, teniendo en claro que la VMG es distinta según el contexto social en donde se despliegue y que a su vez las mujeres de dichos contextos presentan amplias diferencias, consideramos que las políticas públicas y sus agentes pueden complejizar la lectura y adecuar la intervención que se realiza en el abordaje de las VMG en zonas rurales.

Ahora bien, para esto es fundamental que se considere que es útil hacerlo. Es necesario que exista un Estado que valore a nivel social y político la intervención en VMG de manera integral, teniendo en cuenta todos los factores que fomentan, sostienen y acrecienta la violencia contra las mujeres. En este punto rescatamos lo planteado por el último plan diseñado: la salida es colectiva pero el Estado es responsable de construir las condiciones para ello.

Referencias Bibliográficas

1 https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
2 https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206018
3 Contamos con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW - 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará - 1994), el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo - 2002), los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género (Principios de Yogyakarta 2017).