Resumen

El artículo analiza las acciones colectivas de los Movimientos Socioterritoriales Agrarios (MSTA) y las comunidades indígenas en la ruralidad argentina (2021-2022), destacando su participación en políticas públicas, instancias legislativas y judiciales. Mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo, se sistematizó información de documentos públicos, artículos periodísticos e informes institucionales. Los resultados evidencian una creciente apertura institucional a la participación indígena, con diálogos, encuentros con funcionarios y aportes en salud y justicia, fortaleciendo su incidencia en la formulación de políticas. Sin embargo, persisten tensiones con estructuras estatales que no siempre responden a sus demandas. Mientras la participación política permitió visibilizar a los MSTA, las disputas judiciales mostraron un alto grado de conflictividad, especialmente en conflictos territoriales vinculados a los desalojos. En términos generales, los MSTA y las comunidades incorporaron nuevas demandas a sus luchas históricas en la coyuntura de la pandemia por la COVID-19 y fortalecieron su capacidad de agencia en la producción de políticas públicas y en la recreación de sus identidades políticas y territoriales.

Palabras Clave

Movimientos socioterritoriales agrarios, comunidades indígenas, pueblos indígenas, políticas públicas

Los pueblos indígenas en la disputa y producción de políticas públicas en la ruralidad argentina durante el período 2021-2022

Julia Colla

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad Nacional del Litoral

Argentina

julialcolla@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8558-8821

Claudia Yésica Fonzo Bolañez

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Argentina

jessicafonzobolanez@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1840-8931

Andrea G. Gómez Herrera

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad Nacional de Santiago del Estero

Argentina

andreagh90@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2534-323X

Indigenous peoples in the dispute and production of public policies in rural Argentina during the period 2021-2022

Abstract

The article analyzes the collective actions of Agrarian Socioterritorial Movements (MSTA) and Indigenous communities in rural Argentina (2021-2022), highlighting their participation in public policies, legislative, and judicial arenas. Using a quantitative and qualitative approach, information from public documents, journalistic articles, and institutional reports was systematized. The results show a growing institutional openness to Indigenous participation through dialogues, meetings with officials, and contributions in health and justice, strengthening their influence on policy formulation. However, tensions persist with state structures that do not always address their demands. While political participation has increased the visibility of the MSTA, judicial disputes have been highly conflictive, particularly regarding evictions and territorial conflicts. Overall, the MSTA and Indigenous communities incorporated new demands into their historical struggles in the context of the COVID-19 pandemic, strengthening their agency in policy production and in the recreation of their political and territorial identities.

Keywords

Agrarian socioterritorial movements, Indigenous communities, Indigenous peoples, public policies

Os povos indígenas na disputa e produção de políticas públicas na ruralidade argentina durante o período 2021-2022

resumo

O artigo analisa as ações coletivas dos Movimentos Socioterritoriais Agrários (MSTA) e das comunidades indígenas na ruralidade argentina (2021-2022), destacando sua participação em políticas públicas, instâncias legislativas e judiciais. Mediante uma abordagem quantitativa e qualitativa, foram sistematizadas informações de documentos públicos, artigos jornalísticos e relatórios institucionais. Os resultados evidenciam uma crescente abertura institucional à participação indígena, com diálogos, encontros com funcionários e contribuições interculturais na saúde e na justiça, fortalecendo sua incidência na formulação de políticas. No entanto, persistem tensões com estruturas estatais que nem sempre respondem às suas demandas. Enquanto a participação política permitiu dar visibilidade aos MSTA, as disputas judiciais apresentaram um alto grau de conflito, especialmente nos litígios territoriais vinculados aos despejos. De maneira geral, os MSTA e as comunidades incorporaram novas demandas às suas lutas históricas no contexto da pandemia de COVID-19 e fortaleceram sua capacidade de agência na produção de políticas públicas e na recriação de suas identidades políticas e territoriais

palavras-chave

Movimentos socioterritoriais agrários, comunidades indígenas, povos indígenas, políticas públicas.

FECHA DE RECIBIDO 03/02/2024

FECHA DE ACEPTADO 10/04/2025

COMO CITAR ESTE ARTICULO

Colla, J. et al (2025) Los pueblos indígenas en la disputa y producción de políticas públicas en la ruralidad argentina durante el período 2021-2022. Revista de la Escuela de Antropología, XXXVI, pp. 1-31. DOI 10.35305/rea.XXXVI.335

Introducción

En Argentina, desde hace varias décadas, los pueblos indígenas han reivindicado su derecho a participar activamente en la elaboración e implementación de políticas públicas que impacten en sus territorios y formas de vida. Aunque los avances en este ámbito han sido desiguales y evidencian los desafíos estructurales de larga duración histórica también reflejan la capacidad de organización comunitaria y de articulación con otros actores sociales y se destacan por su habilidad para resignificar los marcos legales y programas estatales vigentes, adaptándolos y transformándolos en función de sus propios valores, prácticas y objetivos. En este artículo analizamos las acciones colectivas llevadas a cabo por Movimientos Socioterritoriales Agrarios (MSTA) integrados por pueblos indígenas y/o campesinos indígenas en la ruralidad argentina durante 2021-2022, especialmente aquellas vinculadas a la participación y disputa por el diseño y ejecución de políticas públicas, así como en instancias judiciales y legislativas. Para ello, trabajamos con una base de datos sobre MSTA y comunidades de pueblos indígenas, que construimos con fuentes documentales digitales periodísticas e instituciones públicas, en el marco de diversos proyectos de investigación colaborativa a nivel internacional.

En primer lugar, realizamos un análisis cuantitativo de los resultados que han sido previamente sistematizados en 2021 y 2022 sobre acciones de participación, legislativas y judiciales de movimientos socioterritoriales indígenas, campesinos indígenas y de las comunidades intervinientes (Jara et al. 2021; Colla et al. 2024) a fin de identificar las acciones más frecuentes. En segundo lugar, caracterizamos las intervenciones específicas a partir de una selección de noticias y documentos digitales de la base de datos considerados significativas por las autoras para ejemplificar el fenómeno en cuestión. Estos materiales evidencian el involucramiento de estos espacios en la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos estatales, lo que incluye reuniones con funcionarios, participación en instancias consultivas, mesas de diálogo, talleres, entre otras acciones. Dentro de este tema, se brinda especial relevancia a la participación de las comunidades y organizaciones en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) previsto en la Ley 26.160 y a su injerencia en los procesos de reconocimiento territorial. En tercer lugar se describen las acciones legislativas y judiciales en las que intervienen estos colectivos. Entre las primeras, se incluyen presentaciones de proyectos, modificación o prórroga de leyes, en diferentes órdenes y escalas de gobierno. Las segundas, se vinculan con denuncias y procedimientos legales que se gestionan en la justicia federal y/o provincial, tales como denuncias formalizadas contra empresarios por usurpación o desalojos, entre otras.

El marco teórico plantea, por un lado, que las políticas públicas son herramientas de intervención y de acción social utilizadas para administrar y cambiar la sociedad, por lo que están imbricadas en la dimensión de poder; en especial, en la imposición del orden y de determinada concepción de mundo. Además, constituyen un proceso simbólico para los distintos actores involucrados donde su implementación en los territorios tiene efectos que frecuentemente sobrepasan o no coinciden con los diseños e intenciones bajo la que fueron elaboradas ya que se imprimen nuevos sentidos, contenidos e incluso subjetividades (Shore, 2009). En esta línea, la participación en políticas públicas, así como las acciones legislativas y judiciales, no se conciben de manera unidireccional, cosificada, ni restringida a las élites gubernamentales. En contraposición, muchas de ellas resultan de acciones colectivas orientadas al cambio. Como se mencionó en trabajos previos los MSTA actúan como articuladores en la reproducción de lo estatal ya que resignifican dispositivos estatales e introducen nuevas demandas en el ámbito burocrático (Colla et al, 2024). Además, las políticas públicas se configuran en la interfaz de actores diversos y escalas; son producto de las condiciones construidas históricamente en contexto.

Por otro lado, desde la perspectiva sociológica y de la geografía crítica de los movimientos sociales, se concibe a los MSTA por aquellos que promueven acciones colectivas que consisten en una (re)apropiación del espacio, por lo tanto, son sujetos colectivos productores de territorio, entendiéndolo como algo dinámico y fruto de las relaciones sociales, por medio del cual se defiende y promueve un proyecto político (Halvorsen, Fernandes y Torres, 2021). Desde esta perspectiva, se propone leer los conflictos desde la producción socio espacial y socio territorial que realizan los MSTA; esto significa, por un lado, incorporar al concepto clásico de “movimiento social”, la dimensión territorial como variable independiente. Y, por otro, revitalizar los marcos interpretativos de los fenómenos sociales para producir conceptos situados. En esta línea, se incluyó la decisión teórico-metodológica de incluir dentro de los MSTA a las diversas formas de organización -formalizadas o no- de los pueblos originarios, tales como organizaciones políticas, comunidades indígenas, asociaciones civiles. Esta postura se fundamentó tanto en criterios de sistematización empleados al momento de ordenar un conjunto de categorías en las que sus valores no obedecían a una clasificación intrínseca, como en una perspectiva teórica que concibe a los pueblos originarios en el contexto de interacción interétnica en el que su identidad política o etnicidad es parte de un proceso dinámico de negociación y reafirmación en relación con otros grupos e instituciones en un escenario de dominio-sometimiento (Vázquez, 2000). De este modo, se busca entretejer analíticamente los MSTA con las distintas formas de organización política de los pueblos indígenas, visibilizando su capacidad de impulsar acciones colectivas en clave socioterritorial.

Decisiones metodológicas

Este trabajo es producto de una labor colaborativa entre instituciones académicas de Argentina y Brasil que inició el 2021 y se propuso, como meta teórico-epistémica y política, brindar información para el análisis y visibilización de las acciones de los movimientos socioterritoriales (de trabajadores, campesinado, pueblos indígenas, agricultores familiares, mujeres, jóvenes, entre otros) y elaborar diagnósticos tanto de las conflictividades existentes como de las demandas y propuestas que emergen de esos territorios. Esta iniciativa comenzó en 1998 con el Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA) de la Universidade Estadual Paulista (UNESP) y se consolidó con el Grupo de Trabajo (2023-2025) “Movimientos socioterritoriales en perspectiva crítica y comparada” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en el que participan doce países.

En Argentina, el “Equipo Agrario” trabaja en la base de datos de los MSTA e integra diversos proyectos de investigación que son ejecutados y financiados con el aporte del sistema científico-tecnológico público nacional.1 La elaboración de la matriz de datos consiste en la sistematización de documentos digitales, tales como artículos periodísticos (crónicas, noticias, editoriales, artículos de opinión) informes y boletines institucionales, y otros materiales en formato escrito disponibles en sitios web gestionados por agencias de prensa (públicas y privadas), MSTA, organismos gubernamentales y no gubernamentales. La recolección de estos documentos se realiza mediante “Google Alerta”, que es una herramienta de supervisión de contenidos de Google que funciona a través de “palabras clave”, definidas previamente por el equipo de investigación. La selección y clasificación de la información se realiza manualmente mediante un cuestionario semi-estructurado en un formulario (googleforms) orientado a registrar distintas variables en relación con el objetivo de la investigación (fecha y localización de la acción colectiva, tipo de fuente, nombre y tipo de MSTA, tipo de acción del MSTA, nombre y tipo de acción de la institución estatal, asunto de la acción, entre otras). El procesamiento de la información contempla un análisis estadístico descriptivo, como también la representación cartográfica y gráfica.

En el presente artículo, la metodología combina instancias de abordaje cuantitativo y cualitativo. Por un lado, el análisis cuantitativo proviene de los resultados obtenidos en la matriz de datos 2021 y 2022, respectivamente (Jara et al. 2021; Colla et al. 2024). Los gráficos y figuras que se utilizan en este trabajo provienen de vincular las variables de “tipo de acción” (participación, legislativa y judicial), “tipo de movimiento” (indígena y campesino-indígena), “pueblo al que pertenece” (dimensión que se incorporó a la clasificación a partir de 2022) y “localización de la acción” (localidad y provincia), atendiendo al alcance geográfico nacional de los datos.

Por otro lado, el análisis cualitativo consiste en recuperar y analizar el contenido de aquellas noticias significativas en relación con los objetivos propuestos. La selección fue realizada por las autoras de este trabajo, en función de su relevancia para ejemplificar y profundizar la comprensión del fenómeno analizado. En este sentido, reconocemos la importancia de estos datos para contextualizar, espacializar y analizar las estructuras sociales en las que se emplazan las acciones colectivas llevadas a cabo por pueblos indígenas en Argentina. La construcción de las variables y la perspectiva de análisis en el abordaje de la cuestión indígena fueron objeto de debate y construcción colectiva dentro del equipo interdisciplinario. En particular, durante su operacionalización, así como en el control final de los datos recolectados, se mantuvo una vigilancia interepistémica y política, atendiendo a que los datos que disponemos no son “puros” ni “neutros” y que dependen de la construcción teórico-metodológica de la investigación. De manera que se tomaron medidas para respetar las denominaciones con las que estos colectivos se autoadscriben y evitar confusiones derivadas del uso coloquial de términos como ‘comunidad’ - ‘pueblo’-, especialmente en información proveniente de los medios de comunicación, incluso adecuarlas, en las situaciones en las que su empleo no se ajustaba con las definiciones legales o protocolares establecidas (LIAS, 2017). En este sentido, en los casos donde surgieron dudas o se tuvo la posibilidad de ampliar la información, el equipo de investigación consultó a expertos sobre los casos de estudio analizados en la noticia o se puso en contacto con los miembros interlocutores de la comunidad/MSTA en cuestión.

Acciones de participación en políticas públicas, legislativas y judiciales de los MSTA y comunidades de pueblos indígenas

Las acciones colectivas de los distintos MSTA, así como de las comunidades de pueblos indígenas y campesino-indígenas durante 2021-2022, estuvieron marcadas por un contexto particular: la expansión del virus COVID-19, la declaración como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la consecuente implementación, en Argentina, del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 20 de marzo de 2020.

Un informe técnico y colaborativo elaborado ese mismo año por distintos centros de investigación del país ya advertía sobre los profundos impactos que esta situación generaría en poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social (Aljanati et al, 2020). Entre las principales consecuencias se destacaban el agravamiento de las desigualdades socioeconómicas, la irregularidad en la relación formal con las tierras y la creciente estigmatización y criminalización de estos pueblos por su condición sociocultural. Junto con esto, la falta de acceso al agua se había convertido en un problema crítico en distintas regiones del país, especialmente ante los métodos de cuidado dispuestos en la urgencia sanitaria.

En términos generales, hubo una marcada división entre los que contaban con un ingreso fijo, de aquellos que, al depender del trabajo temporal o “changas”, enfrentaron una mayor precariedad. En este sentido, fueron importantes los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional a partir del Programa Alimentar, la Asignación Universal por Hijo, el cobro de pensiones, las tarjetas alimentarias y el Ingreso Familiar de Emergencia, entre otros. Paralelamente, el papel de los diversos movimientos y organizaciones sociales fue clave para garantizar la implementación y una amplia cobertura territorial de dichas políticas.

En el ámbito rural, a su vez, los conflictos socioterritoriales y socioambientales vinculados con la expansión de la frontera agropecuaria y minera, y sus implicancias en términos de amenaza y vulneración de derechos sobre la tierra, así como de contaminación y degradación ambiental, no solo se mantuvieron como una constante, sino que se agudizaron con nuevos desafíos, como el aumento de desmontes ilegales e incendios intencionales. Estos problemas fueron favorecidos por la flexibilización y suspensión de los monitoreos por parte de las instituciones estatales durante los períodos de ASPO (González et al., 2020).

La base de datos documenta acciones llevadas a cabo por los MSTA y las comunidades con un carácter claramente propositivo, tanto para intervenir en políticas públicas, como así también en iniciativas legislativas y judiciales destinadas a frenar la vulneración de derechos y disponer de recursos de acuerdo a las necesidades acuciantes de aquellos momentos críticos. El gráfico 1 presenta la totalidad de las acciones desplegadas por MSTA indígenas y campesino-indígenas en 2021-2022. Se destaca una preponderancia de las acciones de participación en políticas públicas, seguidas por las acciones judiciales y legislativas.

En el 2021 la participación en políticas públicas (46% y 56% en movimientos y comunidades indígenas y del campesinado-indígenas, respectivamente) y las acciones judiciales (43% y 28%) se destacan sobre las legislativas (10% y 15%). En gran medida, las acciones de participación fueron reuniones con autoridades del poder ejecutivo nacional y provincial para involucrarse en los relevamientos territoriales y solicitar la actualización de las regulaciones ambientales, como también el efectivo funcionamiento de los dispositivos de control de desmontes. Asimismo, la elevada proporción de las acciones judiciales estuvo estrechamente relacionada con la profundización de situaciones de violencia institucional, especialmente en el marco de esos conflictos territoriales. Gran parte de las acciones registradas en el 2021 abarcaban la presentación de amparos judiciales para frenar desalojos y desmontes, hasta denuncias contra criminalización, detención arbitraria y asesinatos de miembros de los MSTA indígenas y del campesinado-indígena.

Las variaciones el año siguiente, 2022, responden principalmente con determinados acontecimientos que marcaron la agenda política de aquellos momentos; nos referimos -como veremos más adelante- a un mayor registro de participación de las comunidades y MSTA en relevamientos técnico-catastrales vinculados con la Ley 26.160. Junto con esto, y como señalan Garay y Simison (2023), uno de los principales desafíos que enfrentó el gobierno nacional en ese año fue la crisis económica (vinculada a la renegociación de la deuda externa y la inflación) y el crecimiento de la pobreza, por lo tanto los programas de protección social y empleo fueron una de sus principales respuestas para contener la movilización de sectores populares. En ese marco, se torna inteligible que gran parte de las acciones de participación de los movimientos y comunidades indígenas y del campesinado-indígena estén relacionadas con el diseño e implementación de proyectos productivos, cooperativos y asociativos, como también en el fortalecimiento de estos mediante la inversión pública para la adquisición de infraestructuras e insumos.

En 2022, incorporamos una clasificación más detallada en la base de datos, diferenciando las acciones de los MSTA indígenas y del campesinado-indígena según el pueblo al que pertenecen. El gráfico 2 presenta resultados de aquellos que se destacaron en la cantidad de acciones realizadas en las categorías2. Esto es coincidente, además, con la presencia predominante de los pueblos en el territorio nacional3.

Durante el 2022, se registró un mayor involucramiento de los MSTA y de comunidades indígenas de los pueblos wichí (Noreste argentino), toba o qom (Noreste) y mapuche (Centro y Patagonia) en la participación en políticas públicas y acciones judiciales. Por lo general, se documentó la participación en mesas de diálogo y trabajo interinstitucional con autoridades del gobierno nacional, provincial y municipal para abordar demandas históricas —como el reconocimiento de derechos sobre territorios ancestrales y la implementación de operativos para el acceso a derechos vinculados a la seguridad social—. También, en denuncias contra la discriminación, persecución policial y daños ambientales en sus territorios debido a fumigaciones con agrotóxicos y cambios en la zonificación minera.

La espacialización de las acciones colectivas permite, también, ubicar su territorialidad en los temas abordados. Esto facilita su vinculación con procesos sociales y económicos de carácter estructural, contribuyendo a una mejor comprensión de los motivos que impulsaron estas acciones en la coyuntura del periodo.

Como indica la figura 1, en 2021, las acciones de participación en políticas públicas e iniciativas judiciales y legales tienden en gran medida a encontrarse en la región Norte y Sur del país. La región Centro también tiene un importante protagonismo, debido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lugar estratégico para la efectivización de las demandas y reclamos, además de ser sede de encuentros con funcionarios nacionales. En 2022, se registra una disminución de acciones en la Patagonia argentina. Una hipótesis que emerge de esta observación está ligada a la profundización de la estigmatización y silencio mediático de movimientos y comunidades del pueblo mapuche, que el año anterior habían protagonizado acciones en defensa de sus territorios, al mismo tiempo que producto de esas luchas lograron la apertura de instancias de diálogo con autoridades gubernamentales nacionales y provinciales para canalizar sus demandas en ese sentido.

Por último, es importante analizar que en 2021-2022, los MSTA que motorizaron mayormente las acciones de participación en políticas estatales fueron el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO) identificadas como de alcance nacional. Todas ellas plantean un despliegue de sus acciones a dicho nivel, por lo que suelen tener mayor posibilidad para instalar problemáticas en la agenda estatal nacional y ser registradas como noticiables por los medios de comunicación. El MNCI, se caracteriza por conformar una red de relaciones interétnicas y contener una diversidad sociocultural y económica de actores sociales; de manera similar, la FNC está integrada por personas que se autoidentifican como campesinos, campesinos indígenas, pueblos indígenas, productores medieros, entre otros, y asume procesos identitarios diversos según el espacio regional en el que se desenvuelve. Finalmente, ENOTPO es un espacio político que agrupa específicamente a veintinueve pueblos originarios, organizados en más de mil comunidades y cuarenta y tres organizaciones con representatividad en 20 provincias (ENOTPO, 2024). Las dinámicas etnopolíticas en estos casos, combinan procesos de afirmación identitaria con estrategias orientadas a disputar poder en los marcos institucionales existentes, sin perder de vista los horizontes de autodeterminación. Además, articulan demandas y acciones destinadas a mejorar las condiciones socioeconómicas en los territorios. Esto nos recuerda a lo que menciona Fraser (2000), quien critica que los “nuevos” movimientos sociales, si bien se distinguen por sus demandas de identidad y reconocimiento, continúan en una búsqueda bivalente de justicia social. Esto incluye las demandas tradicionales de redistribución para subsanar las injusticias socioeconómicas y socioambientales de las que han sido parte. En efecto, estos espacios ya no solo demandan la propiedad de la tierra, sino que también luchan por el reconocimiento de su identidad étnica, por mejorar sus condiciones socioeconómicas de vida, por el medioambiente, por sus reivindicaciones de género y por otros modelos de desarrollo con diversas territorialidades.

La participación de los MSTA y las comunidades en políticas públicas

En el período analizado, el involucramiento en políticas públicas de las comunidades y movimientos socioterritoriales indígenas y del campesinado indígena estuvo concentrado en una serie de encuentros y reuniones con funcionarios públicos con fines de mediación de conflictos territoriales, evaluación de la situación sanitaria, promoción de derechos específicos, impulso de emprendimientos productivos, medidas de diálogo, entre otros. También, un acontecimiento que se destacó fuertemente en ambos años, y que analizamos luego, fue la promoción y ejecución del relevamiento de comunidades indígenas dispuesto por el RETECI.

En el 2021, como mencionamos anteriormente, la participación en políticas públicas por parte de movimientos y comunidades indígenas fue del 46% (81 acciones registradas) y el 56% (18 acciones registradas) en campesinas indígenas. Entre ellas, por un lado, se destacó el papel activo de las comunidades y sus movimientos para dirimir conflictos territoriales en reuniones y encuentros con representantes estatales. Tal fue el caso de la comunidad mapuche Kaxipayiñ en la provincia de Neuquén que se reunió en una mesa de mediación con representantes del Club Mari Menuco y autoridades provinciales en la cual firmaron el acuerdo que permitía iniciar el proceso de relevamiento territorial y el reconocimiento de su territorio (Noticias NQN, 11 de septiembre de 2021).

Por otro lado, acciones relacionadas con iniciativas productivas y de comercialización. Un ejemplo significativo fue el lanzamiento nacional de la Mesa Agroalimentaria Argentina en Mendoza, en junio de ese año. Esta organización, impulsada por el MNCI Somos Tierra junto con otras agrupaciones campesinas, comenzó a desarrollar una serie de estrategias para asegurar el abastecimiento de alimentos de calidad a precios justos. Entre estas iniciativas se encuentra la creación de un centro de acopio y distribución, orientado a consolidar un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria, en la provincia de Córdoba (Agritotal.com, 10 de junio de 2021).

Finalmente, en el contexto de la crisis sanitaria, fueron importantes las distintas estrategias implementadas para mejorar el acceso a la salud con una importante participación de las comunidades en provincia de Buenos Aires en la promoción de la vacunación, con la elaboración de materiales en el idioma indígena (Argentina.gob.ar, 9 de agosto de 2021). También, la participación activa de los agentes sanitarios indígenas en Salta en reuniones para coordinar la implementación del Manejo Comunitario de la Desnutrición Aguda en comunidades del pueblo wichi de El Impenetrable chaqueño (Argentina.gob.ar, 6 de mayo de 2021).

Mientras que, en el 2022, la participación en políticas públicas por parte de movimientos y comunidades indígenas fue del 69,7% (76 acciones registradas) y del 83,3% (15 acciones registradas) en campesinos indígenas. En continuidad con acciones vinculadas a la promoción de la salud y a la defensa del territorio, particularmente durante este año aconteció el Censo Nacional de Poblaciones Hogares y Viviendas ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Esta edición contó con preguntas nuevas relacionadas con la identidad de género y de autorreconocimiento étnico y una participación activa de personas indígenas como censistas de su propia comunidad, como en el pueblo Mbya Guaraníes en la provincia de Misiones (Borda, 9 de mayo de 2022). También, los MSTA, como la Confederación Mapuche de Neuquén, llevaron a cabo campañas de sensibilización para “romper con la negación” y asumir la identidad originaria (Diario Río Negro, 6 de marzo de 2022). En esta línea, un acontecimiento importante en la provincia de Córdoba fue el reconocimiento estatal de la comunidad Ayllú del pueblo Diaguita-Cacán, de la que no había registros oficiales de su identificación ni localización (El Liberal, 18 de mayo de 2022).

Además, hubo una creciente difusión de políticas orientadas al acceso a derechos específicos, acompañada de una importante articulación interinstitucional entre agencias estatales, universidades públicas y organismos no gubernamentales. La crisis sanitaria derivada de la pandemia fortaleció los canales de diálogo y coordinación previamente existentes entre las agencias estatales y los MSTA, especialmente debido al papel clave que estos últimos desempeñaron en la territorialización de las políticas públicas durante el ASPO.

En esta línea, la base de datos documenta desde 2021 —y con mayor firmeza en 2022— un incremento en las reuniones y encuentros comunitarios entre los MSTA, las comunidades y funcionarios públicos, con el propósito de definir agendas de trabajo y abordar problemáticas urgentes. Esto contó con el apoyo explícito de autoridades nacionales para proyectos de pueblos originarios para formular políticas públicas, tal como lo expresó el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández, quién, en una reunión con representantes de organizaciones campesinas y de productores de alimentos, manifestó su compromiso con la democratización de la tenencia de tierras, los derechos campesinos y respaldó el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, presentado por Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) (Colombatti, 8 de febrero de 2021). También, hicieron lo mismo el ex-director nacional de Planificación y Articulación Política de la Agricultura Familiar y los delegados zonales de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) de la Nación, en su reunión con el pueblo huarpe Pynkanta de San Luis (Grupo La Provincia, 17 de junio de 2021).

En estos encuentros, fue significativa la participación de representantes tanto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como de la SAFCI - que asumió al rango de Instituto, a partir de noviembre de 2022-, destacándose en ambos la visibilidad de sus presidentas pertenecientes a pueblos originarios y militantes sociales (Magdalena Odarda y Deolinda Carrizo, respectivamente). De igual manera, se registraron noticias que evidencian una creciente visibilización de mujeres indígenas como líderes comunitarias, tal como las que participan del 1° Foro de “Mujeres líderes”, en San Juan (Prensa Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, 3 de abril de 2021).

Si bien entendemos que la acción de participación y el vínculo con representantes estatales está puesto sobre la instancia de encuentro y diálogo, antes que la concreción inmediata de las posturas discursivas, es relevante destacar el clima de apertura y la predisposición política que caracterizó aquel período. Esto no implica desconocer las tensiones persistentes en torno a la direccionalidad de las políticas públicas, ni las desigualdades estructurales e históricas que aún afectan a los pueblos indígenas en el acceso a derechos. Sin embargo, el período analizado mostró una mayor apertura institucional hacia la visibilización de los actores indígenas y sus demandas.

Asimismo, destacamos la manera en que los MSTA se presentan en estas instancias como articuladores, mediadores y canalizadores de demandas territoriales. Si bien esta legitimación estatal de los movimientos como interlocutores no es algo novedoso, sí muestra diversas maneras en que la participación política indígena se institucionaliza. Estas situaciones formales de reuniones y encuentros abren otros canales de negociación y contacto más informales entre los actores estatales y los MSTA que tienen una dinámica propia. Todo esto refuerza la presencia estatal y simbólica de los pueblos originarios que se refleja en las noticias periodísticas relevadas.

La participación en el RETECI y el reconocimiento de la territorialidad indígena

Como mencionamos previamente, la promoción y ejecución del RETECI en el marco de la Ley 26.160 se destacó en el período analizado. Dicho marco normativo - sancionado en el 2006 y prorrogado en varias ocasiones- declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país y prohibió acciones de desalojo en el plazo establecido. Asimismo, la ley impulsó dicho relevamiento técnico, jurídico y catastral, que contó con una participación indígena activa, tanto en la conformación del Equipo Técnico Operativo (ETO), el trabajo de campo y la elaboración de una carpeta técnica que recopila la información relevada y opera como un instrumento jurídico para la defensa de las territorialidades indígenas (Guiñazú, 2019). Este material, se transformó en una herramienta clave para lograr el cumplimiento del mandato constitucional de reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; identificarlas y cuantificarlas para saber cuáles serán las políticas a seguir y definitivamente titular las posesiones ancestrales y así cumplir con una deuda histórica del Estado argentino para con estos pueblos (Fonzo Bolañez, 2024).

En el período analizado se avanzó en los relevamientos, se concretaron mensuras de territorios indígenas, así como la entrega de las respectivas carpetas técnicas. En la base de datos del 2021, se destaca una noticia proveniente de fuentes estatales que indica que en junio de ese año, el INAI había entregado la Carpeta Técnica N°100 con la documentación correspondiente a comunidades de distintos pueblos indígenas de Salta y Jujuy (Argentina.gob.ar, 26 de junio de 2021). Otra de ellas, además, señala la culminación del relevamiento de la comunidad mapuche Buenuleo, reconociéndola como poseedora de más de 400 hectáreas en la zona de cerro Ventana, Río Negro (Diario Río Negro, 16 de abril de 2021).

No obstante, en el marco de la prórroga establecida para noviembre de 2021, numerosas comunidades, ONG´s y MSTA denunciaron el incumplimiento de la ley, señalando desalojos, criminalización y la falta de reconocimiento estatal sobre sus territorios ancestrales. Estas demandas fueron expresadas, por ejemplo, en un encuentro virtual realizado durante la Semana de los Pueblos Originarios. En aquel evento, referentes comunitarios de los pueblos guaraní, wichí, weenhayek, diaguita, relataron sobre la violación de derechos y las dificultades para culminar los relevamientos pautados (Página 12, 24 de abril de 2021).

En el 2022 -luego de promulgada la prórroga de la normativa por decreto presidencial (DNU) N° 805/2021-, se registró un aumento de culminación de relevamientos y entrega de carpetas técnicas. Las noticias documentan el cumplimiento del RETECI en la comunidad Paicone, del pueblo quechua y la comunidad Cuchillaco del pueblo omaguaca, ambas de la provincia de Jujuy (Argentina.gob.ar, 04 de mayo de 2022). También, el INAI creó una comisión en Mendoza para la realización del diagnóstico y trabajo de campo en seis comunidades del pueblo mapuche, en la zona de Malargüe y San Rafael. Allí, los técnicos del organismo nacional, en conjunto con las autoridades comunitarias, iniciaron los croquis de las comunidades para planificar los recorridos del instituto en pos de georreferenciar el territorio y avanzar con los relevamientos (Diario San Rafael, 18 de mayo de 2022). Además, luego de una participación activa de todos los integrantes y autoridades de la Comunidad Indio Colalao del pueblo Finalmente, documentamos noticias vinculadas al reconocimiento del territorio comunitario en el marco de la normativa. Por ejemplo, en una ocupación de la comunidad Orqho Runas del pueblo quechua en la provincia de Jujuy, que había sido previamente delimitado en tareas comunitarias durante el RETECI (Grupo La Provincia, 11 de agosto de 2022).

Estos registros evidencian una participación de los pueblos originarios en políticas públicas que trascienden las instancias de negociación y diálogo, mencionadas. Se orienta hacia prácticas mucho más proactivas por parte de los miembros de las comunidades. El RETECI es una instancia que permite un activismo comunitario para dilucidar el territorio ancestral y demarcar el actual, evidenciando la capacidad de agencia en el reconocimiento territorial. Es importante destacar que no existen muchos registros de políticas públicas en el país para pueblos originarios que impliquen este nivel de participación, a pesar de los desafíos y dilemas que esta política enfrentó. De hecho, el relevamiento territorial, a pesar de todas sus prórrogas, no logró completarse. Ya en trabajos previos advertimos que la producción de dicha política pública en los territorios suponía desafíos presupuestarios y disputas etnopolíticas. Esto se debe, a que su aplicación requirió articular las estructuras burocráticas-estatales con los “estilos locales de hacer política”, referidos a las reglas de juego a las que deben ajustarse los representantes indígenas y la influencia que esto ejerce sobre la etnicidad, así como en la percepción y valoración de la normativa (Colla y Martínez, 2024). Además, como señala Fonzo Bolañez (2024), en muchos casos la aplicación de esta ley nacional en los territorios provinciales quedó sujeta a la voluntad política de los gobiernos de turno, a pesar de su carácter de orden público.

Las acciones judiciales y las denuncias por desalojos

En contraste con lo que reflejan las noticias sobre la participación, las acciones judiciales impulsadas por las comunidades y los MSTA —como denuncias y procedimientos legales contra empresarios por usurpación o desalojos, solicitudes de reconocimiento de derechos posesorios y demandas contra la deforestación— evidenciaron un alto grado de conflictividad que se profundizó en el período analizado.4

Esto se debió, en gran medida, a que en todas las regiones del país se documentaron numerosos desalojos violentos, llevados a cabo tanto por vía institucional como de hecho, incluso mientras la Ley 26.160 seguía vigente. Las noticias registradas no solo contribuyen a visibilizar la irregularidad judicial en estos procesos, sino que también evidencian las demandas de las comunidades y pueblos indígenas para participar en el acceso a la justicia. Las finalidades que interpelaron los desalojos fueron diversas; desde la expansión de la frontera agroganadera y los monocultivos a zonas consideradas “periféricas” por el capital, hasta el despliegue de emprendimientos inmobiliarios o turísticos (hoteles, barrios cerrados o countries y obras públicas). Generalmente estos fueron realizados por actores dedicados a este tipo de actividades económico-productivas, contando en algunos casos con la pasividad o la connivencia de agencias burocráticas diversas.

En el año 2021, se documentaron denuncias por desalojo a la comunidad mapuche lof Paicil Antreao, ordenada por una jueza de Villa La Angostura en la provincia de Neuquén. Este acto fue promovido en beneficio de los dueños de la hostería La Posada, empresa TIJE (Canal Abierto, 15 de abril de 2021). También hubo expresiones de repudio, como el del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro a un fallo en el que se le dió la razón al privado Mohana sobre los derechos ancestrales de la Lofche. Al respecto, afirmaron que la Comunidad Cañumil está asentada desde 1895 en la zona de Chacay Huarruca, a unos 100 kilómetros de Bariloche y sus territorios habían sido relevados en el marco de la Ley 26.160 (Notas de periodismo popular, 22 de septiembre de 2021). Igualmente, en la comunidad Pueblo Tolombón, ubicada en el territorio ancestral diaguita, en Tucumán, se ordenó el desalojo de un comunero -a pedido de un terrateniente de la zona-, quien sufrió una descompensación en el acto al ver destruida su vivienda. Cabe aclarar que el conflicto se desarrolló dentro de un territorio previamente relevado por la normativa en cuestión (Romero, 25 de agosto de 2021).

En 2022, luego de prorrogada la Ley 26.160, los desalojos continuaron sucediendo. Por ejemplo, un juez neuquino ordenó ejecutar la sentencia de desalojo en contra de la comunidad Kinxikew (Quintriqueo) y de los ocupantes del lote pastoril 42, que está ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura (Diario Andino, 22 de agosto de 2022).

Frente a estos acontecimientos, podríamos decir que la aplicación de esta normativa enfrentó desde su creación diversos desafíos para su cumplimiento. En el caso de la continuidad de desalojos, además, sucede que existe las personas y comunidades indígenas -sobre todo aquellas que habitan en la ruralidad- no cuentan con condiciones reales para el acceso a la justicia; hay desconocimientos, falta de recursos humanos y económicos y a la carencia de su promoción, que faciliten el acceso y la eficaz tutela de los derechos reconocidos (Fonzo Bolañez, 2024). No obstante, muchas situaciones tomaron estado público y fueron denunciadas en las noticias, lo que permitió exponer la violación de la normativa y deslegitimar el accionar judicial.

Las acciones legislativas en el derecho a la Propiedad Comunitaria Indígena (PCI)

Durante el período analizado, las iniciativas legislativas impulsadas por comunidades y los MSTA -presentación de proyectos, la modificación y la prórroga de leyes en distintos niveles de gobierno- estuvieron vinculadas principalmente a la propiedad comunitaria de la tierra.

Aunque en Argentina el derecho a la Propiedad Comunitaria Indígena (PCI) está reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional, así como en el Código Civil y Comercial, su aplicación no está plenamente operativa. En consecuencia, no queda claro si las comunidades y pueblos pueden ejercer facultades legislativas dentro de su territorio.

Las comunidades y pueblos originarios demandan el respeto y ejercicio pleno de sus formas de vida, enmarcadas en el paradigma de la diversidad cultural. En este contexto, diversos pueblos indígenas de distintas regiones del país impulsaron el Primer Encuentro para la Unificación del Proyecto de Ley de PCI cuyo debate incluyó expedientes legislativos en la Cámara de Diputados de la Nación. La convocatoria se llevó a cabo en San Salvador de Jujuy, en junio de 2022 (Zenteno, 6 de junio de 2022).

También, en 2021, en Salta, agencias estatales y judiciales se reunieron con asamblea de caciques de las comunidades indígenas agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat -patrocinadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales para solicitar el avance de las medidas contempladas en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que encontró al Estado argentino responsable por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria y a la identidad cultural de las comunidades indígenas, en la disputa por 643.000 hectáreas en la localidad de Santa Victoria Este (Página 12, 26 de febrero de 2021).

Es preciso que Argentina avance en la operatividad de la PCI, a través de la entrega de títulos de propiedad colectiva de las tierras que tradicionalmente ocupan, respaldando otras formas de vida, con lógicas y costumbres diversas, tal como lo reclaman históricamente las comunidades y pueblos que habitan en el país. Algunos referentes de las organizaciones mapuches sostienen que la ley “no es indispensable”, ya que el derecho a la PCI está consolidado en la Constitución Nacional y no existe obstáculo para el otorgamiento de ese tipo de títulos (Marzal, 2022). Empero Fonzo Bolañez y Salvi (2025), señalan la falta de seguimiento del paradigma neoconstitucional del derecho en el ámbito de la justicia civil, así como de la ausencia del control de constitucionalidad- convencionalidad y el seguimiento de las directrices establecidas por la jurisprudencia de la Corte-IDH en este tipo de causas dificulta un cabal reconocimiento y efectivización de este derecho en Argentina.

Otros temas que conformaron las iniciativas legislativas de los MSTA y comunidades

En este apartado describiremos algunos de los otros asuntos que conformaron las acciones legislativas llevadas a cabo por MSTA indígenas y campesino-indígenas de Argentina.

Entre ellos, se destacó el tema “alimentación”. Por un lado, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra participó en la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, cuyo objetivo fue garantizar el derecho a la alimentación adecuada y a la salud de los consumidores. Además, estableció que el Consejo Federal de Educación debiera promover la inclusión de actividades didácticas y políticas públicas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional (Cabral, de mayo de 2021).

Por otro lado, en Misiones se sancionó en 2022 la Ley de Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Productivo de Comunidades Guaraníes. Esta norma esperaba fortalecer la producción en las comunidades mbya guaraní y asegurar el derecho a la alimentación, a través del abastecimiento local. Asimismo, supuso un trabajo articulado entre agentes estatales y comunidades indígenas para consolidar el rescate y la multiplicación de la diversidad biológica local, revalorizar los conocimientos ancestrales del pueblo guaraní y la transmisión de sus saberes; fortalecer su identidad cultural y la recuperación de buenas prácticas de producción y técnicas agroecológicas para el desarrollo de la soberanía alimentaria (Economics, 15 de septiembre de 2022).

En relación al tema “ambiente y cuidado”, comunidades indígenas del país (particularmente pertenecientes al pueblo mapuche) junto a Greenpeace, una diputada nacional y ONGs ambientalistas, presentaron a inicios de 2021 un proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo. Este establece una pena de 2 a 10 años de prisión para quienes sean promotores de desmontes ilegales, incendios forestales intencionales, ocasionen cambios de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos sin autorización. En parte dicha propuesta surge ante la falta de cumplimiento de la Ley de Bosques y la impunidad con la que se manejan los empresarios del agro, afectando gravemente la salud y el ambiente, así como territorios indígenas y campesinos (cholila.online, 19 de abril de 2021).

Otro tema que interpeló a las políticas públicas y acciones legislativas fue la megaminería. Ejemplo de ello es la manifestación que desplegaron organizaciones y personas contra la decisión del Estado de Chubut de habilitarla en la meseta central de la provincia. Además, calificaron como “brutal” la represión a la protesta social llevada a cabo por el personal de seguridad. Puntualmente reclamaron la derogación de la Ley provincial XVII Nº 149 de zonificación minera. Igualmente, reclamaron que una vez más se obturó el debido proceso de consulta y participación de las comunidades originarias, medidas que “ponen en peligro no solo el agua y los territorios, sino también la paz social, los derechos humanos y la democracia en la provincia” (Análisis, 20 de diciembre de 2021).

En resumen, la producción de políticas públicas de los MSTA indígenas y campesino-indígenas recobró emblemas históricos de estos movimientos en 2021 y 2022. Empero el contexto histórico de la pandemia y el trance entre gobiernos diversos, que posibilitó una mayor articulación o distanciamiento para con agentes estatales, hizo que se resignificaran esas “viejas” banderas y se incorporan otras a su agenda. Esto no hace más que visibilizar la capacidad de agencia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y la articulación con otros sectores en la producción de políticas públicas, así como el proceso de recreación de sus identidades políticas y territorios en esa compleja relación con la estatalidad.

Conclusiones

El análisis de las acciones colectivas llevadas a cabo por los MSTA y las comunidades indígenas en la ruralidad argentina durante 2021-2022 evidencia un alto grado de participación de estos espacios en la disputa política, judicial y legislativa.

Uno de los principales desafíos metodológicos del equipo de investigación fue la construcción de variables ordinales que respetaran las dinámicas identitarias y la perspectiva de análisis sobre la cuestión indígena y los movimientos socioterritoriales. Los criterios empleados en este trabajo muestran que la base de datos constituye una herramienta valiosa para la sistematización de las acciones colectivas, permitiendo contextualizarlas y espacializarlas. Esto ofrece una visión global sobre las dinámicas de interacción entre comunidades indígenas y el Estado, las cuales involucran a diversos pueblos originarios en todo el país. Sin dejar de reconocer la vigilancia epistémica y política necesaria al trabajar con noticias periodísticas y documentos oficiales, estos insumos resultan de gran utilidad para el análisis.

En primer lugar, el período analizado refleja un clima político de mayor apertura institucional hacia la participación indígena en la definición y ejecución de políticas públicas. La intervención en instancias de diálogo, encuentros con funcionarios, y la producción de aportes comunicacionales desde la diversidad cultural —orientados a mejorar el acceso a la salud y la justicia, entre otros aspectos—han contribuido a visibilizar a los MSTA y evidencian la voluntad de los pueblos indígenas de participar en estos espacios. Su accionar ha promovido el diálogo con diversos sectores y ha sido clave para enfrentar la crítica situación generada por la pandemia. Las agencias estatales, en particular el INAI y la SAFCI, han desempeñado un rol destacado, con la participación activa de sus principales representantes —mujeres— en las mesas de diálogo. No obstante, no desconocemos que la intervención y la acción social están atravesadas por disputas políticas y relaciones de poder. En este sentido, muchas de las instancias de participación analizadas no necesariamente coinciden con las percepciones, formas de vida e intereses de los pueblos originarios. Sin embargo, su involucramiento en las políticas públicas se convierte en un espacio de disputa, donde los MSTA y las comunidades han demostrado capacidad de agencia y voluntad de cambio, resignificando estos espacios y construyendo nuevas demandas, incluso dentro del ámbito burocrático.

En segundo lugar, este escenario no estuvo exento de tensiones, ya que las estructuras estatales responden a proyectos ideológicos que no siempre se alinean con las demandas de estos actores. Mientras que la participación en instancias de diálogo permitió una mayor visibilización de los MSTA y sus reclamos, el ámbito judicial y legislativo presentaron un alto grado de conflictividad, especialmente en casos de disputas territoriales y ambientales. Esto sugiere que, aunque la coyuntura política abrió canales de diálogo y mostró voluntad para la resolución de conflictos, la vía judicial se mantuvo más vinculada a la protección de intereses económicos y productivos, facilitando desalojos y el avance de proyectos extractivos.

En este contexto, si bien la difusión de estos conflictos en noticias y documentos permitió visibilizarlos, también constituye una señal de alerta sobre la persistente violación de derechos que afectan a las comunidades, aun en presencia de marcos legales vigentes. La contradicción entre un poder político que habilita el diálogo y un poder judicial que continúa negando estos derechos pone en evidencia la necesidad de repensar las dinámicas institucionales que regulan estas disputas.

Todo lo antes dicho se ve agraviado en el contexto actual del país, ya que mediante el DNU 1083/2024 el presidente de la Nación Javier Milei derogó el DNU Nº 805 del 17 de noviembre de 2021, y declaró finalizada la emergencia y la suspensión de desalojos establecidos por la ley de emergencia territorial indígena. Además, pregona el fin del Estado, descalifica y criminaliza el accionar de las organizaciones sociales y políticas. De este modo se afianza el modelo extractivista que vulnera derechos humanos esenciales de estos actores de la ruralidad argentina.

Este contraste pone en evidencia las desigualdades estructurales que aún atraviesan a los pueblos indígenas en Argentina y la necesidad de seguir investigando los mecanismos a través de los cuales estos colectivos buscan incidir en la esfera pública, ya sea mediante el diálogo o la confrontación con dispositivos de regulación social que muchas veces operan en su contra, es decir, propicia nuevos desafíos y objetos para los MSTA y las comunidades indígenas.


  1. 1 Esta investigación fue financiada por el proyecto PICT-2020-SERIEA-00050 de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; el proyecto PI-UNCAUS N°167 y el PIF-UNSE 2022-2023.

  2. 2 No se incluyeron en el gráfico 16 pueblos que registran al menos 1 acción en los tipos analizados.

  3. 3 El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 contabilizó 1.306.730 personas (2,9% de la población total del país) que se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas. En orden numérico, el 11% pertenecen al pueblo mapuche, 10% al guaraní, 6% al diaguita, 6,13% al toba/qom, 5,2% al kolla y wichí, respectivamente.

  4. 4 Debemos aclarar que si bien los tipos de acción “protesta”, “marcha”, entre otras manifestaciones de los MSTA no son objeto de este trabajo, se encuentran alineadas con las formas de resistencia entretejidas con las acciones legislativas y judiciales.

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